Joel Hernández Santiago
No va a ser en un solo día; ni en unos cuantos meses. Si tomara años. Quizá los seis que dure el gobierno que comienza su gestión el 1 de diciembre der 2018. Pero ya está dispuesto y será…
Se trata de mandar a 27 de las secretarías de Estado a diferentes entidades de la República para desconcentrar a la capital del país y para acercar la presencia administrativa y de procedimientos en zonas relativas. Algo que el por entonces candidato Andrés Manuel López Obrador había prometido: descentralizar la administración pública.
Y así, lo que antes significaba para muchos trasladarse a la Ciudad de México para toda gestión federal, tendrá que cambiar de rumbo hacia el estado donde se encuentre la Secretaría respectiva.
La selección de entidades y Secretarías fue hecha en base a las particularidades y conexiones entre ambas, así, por ejemplo, se dice que la Secretaría de Desarrollo Social se irá a Oaxaca, la de Energía a Tabasco, la de Economía a Nuevo León, del Medio Ambiente a Yucatán, Minería a Chihuahua, Recursos Forestales a Durango, Pemex a Campeche… y así: son 27.
Sólo seis dependencias de alto rango permanecerán en la Ciudad de México: Presidencia, Gobernación Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina.
Esto significa que aproximadamente el 80 por ciento de los 1 millón cien mil servidores públicos con que cuenta el aparato federal se tendrían que mover hacia estados distintos, de acuerdo con su adscripción laboral.
Hace mucho se ha discutido esta posibilidad. A muchos, propios y extraños, sorprendía que la administración pública del país se centralizara en un solo espacio nacional: el por entonces Distrito Federal, ‘asiento de los poderes de la Unión’, se decía; y de esta forma creció la burocracia federal, asentada en la ya muy atosigada Ciudad de México.
Por supuesto esto gusta mucho a quienes consideran que esta descentralización oxigenará los servicios públicos, la vida de la capital de México, creará focos de desarrollo regionales y fomentará el espíritu federalista de un país que se declara ‘República Federal representativa’. Y de hecho, el argumento para esta desconcentración es ‘equilibrar las oportunidades económicas en las diferentes regiones del país’.
Pero no será tan fácil. Es un asunto de ver viabilidades y de saber si esto puede hacerse de forma inmediata o paso a paso, según se ha dicho también.
Porque, por ejemplo, trasladar secretarías tan enormes como la de Educación Pública a Puebla requerirá infraestructura para la vivienda, comercio, mayor volumen de transporte, producción de alimentos, escuelas, salud, solaz… O Pemex en Campeche…
De hecho se dice que la mayoría de las zonas urbanas en donde se pretende instalar a secretarías de Estado carecen de infraestructura para recibirlas. Que algunas de ellas necesitarán desarrollar nuevos servicios como vivienda, centros de salud, escuelas y carreteras.
Según Arturo Bautista, de la Cámara Mexicana dela Industria de la Construcción-Ciudad de México: “Si en la Ciudad de México hay déficit de vivienda, también lo hay en Mazatlán, Mérida, Mexicali, Ciudad Juárez: todos necesitamos construir más vivienda e infraestructura en el país, por lo menos durante los próximos 20 años”…
Y así como este ejemplo se ponen miles de peros a este traslado, incluyendo que muchos de quienes trabajan en estas dependencias decidirán no irse de la capital del país por razones de tipo familiar o simple y sencillamente porque no se quieren ir.
El otro apartado será la forma cómo los habitantes de estas capitales de la República recibirán a los migrantes-funcionarios públicos. Sobre todo porque históricamente se tiene la idea en casi toda la República de que los capitalinos… los ‘Chilangos’ pues, son conflictivos, y que atraerían diversidad de problemas de tipo social hacia las comunidades que los recibirían. Podría haber confrontaciones motivadas por este criterio tan generalizado…
En todo caso, la idea es excelente, aunque merece un plan maestro muy bien diseñado que considere las muchas aristas de este cambio. Que genere soluciones y no conflictos.
Que no tenga costos extremos que tendríamos que pagar todos los mexicanos y, sobre todo, que el aparato burocrático funcione de forma pronta y eficiente, sin conflictos de ninguna especia: de conseguirse así será un éxito, de otra manera será un fracaso que dañará mucho a la economía y al tejido social mexicano.
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