La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representan riesgos de regresión democrática y afectaciones a la libertad de expresión.
En un comunicado, el organismo señaló que las disposiciones elaboradas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) son ambiguas y abren la puerta a la discrecionalidad del Gobierno, al permitirle definir qué contenidos pueden considerarse como información falsa o descontextualizada.
“Entendemos que la posición del CRT no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y/o definir con pulcritud”, indicó.
La postura surge tras la presentación del anteproyecto por parte de la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien planteó regular el derecho de las audiencias mediante diversos mecanismos actualmente en consulta pública.
Entre los principales señalamientos, la CIRT destacó el esquema de sanciones, ya que se contempla imponer multas de hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales de concesionarios y programadores por cada supuesta falta informativa, lo cual, advirtió, no está previsto en la legislación vigente.
“Esto, cuando la ley de la materia sólo impone multas en dos supuestos: no designar defensor de audiencias; y, no emitir códigos de ética. Con ello se pretenden imponer sanciones al margen de la ley”, sostuvo.
Asimismo, el organismo cuestionó la creación de un “recurso de inconformidad” que permitiría al Gobierno revisar las resoluciones de los defensores de las audiencias, lo que podría derivar en que la autoridad determine qué contenidos pueden difundirse.
También alertó sobre la posibilidad de que se admitan quejas anónimas, lo que podría abrir espacios a presiones contra periodistas mediante denuncias falsas o fabricadas.
La CIRT informó que realizará un análisis con sus mil 200 estaciones afiliadas para definir una postura conjunta que será presentada en la consulta pública.
El organismo consideró positivo que se haya abierto este proceso para revisar y ajustar los lineamientos, en medio del debate sobre el alcance de la regulación en materia de audiencias en México.
