La propuesta de “lineamientos generales” para regular noticias y opiniones en medios electrónicos ha encendido alertas sobre una posible deriva hacia esquemas autocráticos en México, al colocarlo en una ruta similar a la de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
En entrevista, el también Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, designado el pasado 8 de julio, sostuvo que detrás del argumento de proteger los Derechos de las Audiencias existe una intención de control y censura sobre los contenidos informativos.
“Bajo pretextos de combate al terrorismo, combate a la desinformación, protección incluso de las infancias, bajo planteamientos que buscan objetivos legítimos, se terminan instrumentalizando para censurar”, señaló. Añadió que los referentes internacionales con regulaciones similares “no son democráticos y han sido utilizados con intenciones censoras”.
El anteproyecto, presentado el lunes por la Presidenta Claudia Sheinbaum, representa —según Maldonado— la acción más reciente en una serie de presiones a la libertad de prensa que comenzaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y han continuado en la actual administración.
En ese contexto, mencionó mecanismos como “Quién es quién en las mentiras”, Infodemia y la sección de Derecho de Réplica, los cuales, dijo, han funcionado como ejercicios de verificación oficial que no han tenido buenos resultados.
“En los hechos están erigiendo esta comisión como un tribunal de la verdad y como un verificador de noticias y ya vimos que esas experiencias no acaban bien”, advirtió.
El activista subrayó que el riesgo principal radica en que el Gobierno federal pueda definir qué información es falsa, descontextualizada o no verificada, lo que, a su juicio, vulnera el derecho de las audiencias a recibir información plural.
“La materia de esos lineamientos y la manera como los pretende regular es alarmante, sobre todo en el artículo 12”, explicó, al detallar que se plantea limitar la difusión de contenidos considerados falsos o fuera de contexto en radio y televisión.
Maldonado cuestionó que sea la propia autoridad quien determine esos criterios, al advertir que esto podría derivar en un control directo sobre los contenidos informativos, en el marco de una regulación que, según dijo, aún genera dudas sobre su alcance y aplicación.
