La reciente aprobación del pleno de la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para prohibir la producción y comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos ha generado una ola de críticas y preocupación en México, al considerar que esta medida es exagerada y que, lejos de solucionar problemas de salud pública, abrirá las puertas a un negocio millonario para el crimen organizado, dejando desprotegidos a los menores de edad y poniendo en riesgo a los fumadores adultos.
De acuerdo con el análisis de conversación sociodigital “Prohibición constitucional de vapeadores”, elaborado por MW Group, la percepción digital sobre la prohibición fue 82% negativa y según una encuesta en X realizada por Alfredo Romo de 88.9, el 62% de los que respondieron consideró que la prohibición es exagerada y 83% cree que la prohibición no funcionará.
Un mercado negro fortalecido y en crecimiento
Expertos como el periodista e investigador especializado en crimen organizado y seguridad pública, Óscar Balmen, aseguran que la prohibición constitucional de los vapeadores podría replicar el fenómeno de otras políticas restrictivas que han fracasado en el pasado y ocasionará que este negocio pase por completo al crimen organizado ya que solo el 10% de la venta estaba regulada y ahora no, lo que generará una ola de violencia y riesgo a la salud pública.
Incluso, destacó que tras una investigación, descubrió que en zonas como Tepito, surgió un “cártel de los vapeadores”, conocidos como “Marco Polos”, los cuales traen desde China a la Ciudad de México miles de vapeadores de contrabando para quienes no pueden compralos en tiendas reguladas en México y que recurren al mercado negro.
La falta de controles fomenta la comercialización de dispositivos sin garantías sanitarias, y aunque es más fácil y barato de conseguir en el mercado negro, pone en riesgo la salud de los consumidores, pues estos dispositivos están adulterados con sustancias peligrosas y son de mala calidad.
A su vez, la ausencia de una regulación clara también impide que el gobierno cobre impuestos por estas ventas, lo que representa pérdidas económicas significativas para las arcas públicas y reduce la capacidad de implementar políticas públicas eficaces.
Menores en riesgo y la falta de regulación
De igual manera, la medida ha sido especialmente criticada por su incapacidad para proteger a los menores de edad, pues a través del mercado negro los jóvenes pueden acceder de manera indiscriminada a vapeadores adulterados lo que expone a los adolescentes a productos de dudosa procedencia y que no están dirigidos para ellos.
Los menores de edad en toda la república son un mercado objetivo para el crimen organizado para cualquier sustancia o producto como las alternativas al cigarro que esté prohibida, pues los distribuye sin restricciones, incrementando el riesgo de adicciones, mostrando la incapacidad de la prohibición para protegerlos.
Según diversos estudios, la regulación podría ser una herramienta más efectiva que la prohibición para controlar este fenómeno, ya que establecería límites claros sobre quiénes pueden comprar estos dispositivos y bajo qué condiciones.
Una encuesta realizada por MW Group refleja que hasta el 82% de los mexicanos rechaza la prohibición de vapeadores, pues en redes sociales, muchos usuarios han destacado que estos dispositivos son parte de estrategias de reducción de daños utilizadas por fumadores que buscan dejar el tabaco, lo que los hace incomparables con sustancias como el fentanilo.
Regular es la solución
Los ciudadanos y expertos coinciden en que prohibir los vapeadores no solo es una medida ineficaz, sino que podría generar consecuencias graves como el fortalecimiento del crimen organizado y la desprotección de los menores de edad, por lo que argumentan que el mejor camino es regular con base en políticas de Reducción de riesgos y daños.
El doctor Luis Hernández Lezama, presidente del Comité Técnico de Soy Paciente, aseguró en un foro de CE Libre, que en la gestión de política pública de reducción de riesgos y daños, la prohibición es el último paso y debe pasar por toda una serie de condiciones antes, pues las autoridades primero deben tener la plena certeza y conocimiento de que hay alternativas menos dañinas y accesibles, que lo que pretenden prohibir, de lo contrario se estaría abriendo la puerta hacia el mercado negro de estas sustancias.
“Cuando se dice que la prohibición está en el extremo de la gestión, quiere decir que debe pasar por toda una serie de condiciones antes (…) cuál es la condición que cuando alguien prohíbe, tiene que tener la plena certeza, el pleno conocimiento de que hay alternativas accesibles, atractivas y tecnológicamente más útiles que lo que vamos a prohibir, de otra manera, está abriendo la puerta hacia el mercado irregular de estas sustancias”, enfatizó.
Ante este panorama, destacó que el gran reto de las nuevas agencias regulatorias y del Gobierno Federal, es transformarse de agencia regulatorias y de control, en agencias de gestión de riesgo, así como instrumentar programas, instrumentar políticas públicas, que se reflejan en la multimortalidad.
La regulación adecuada es la alternativa más viable, ya que permite controlar su venta, garantizar la calidad de los productos y proteger tanto a los consumidores como a los grupos vulnerables.
