Claudia Rodríguez
No podría decirse que el mexicano esté acostumbrado al anuncio de recortes presupuestales por las Administraciones en turno, que inciden sobre todo en la reducción de plazas de trabajo en los distintos organismos gubernamentales, y a la postre, en una reducción del circulante y baja del poder adquisitivo.
En realidad son medidas dolorosas para cientos de familias en todo el país, que en gran medida son empujadas por exigencias monetarias de organismos internacionales ante un contexto mundial convulsionado, por el precio de referencia del petróleo e incluso, por la presión del dólar sobre nuestra moneda, el peso mexicano.
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Sólo en lo que va del presente sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto dictó vía sus secretarios de Hacienda –Luis Videgaray y José Antonio Meade–, varios recortes al presupuesto público que iniciaron desde el tercer año de su gestión.
En el primer mes de 2015, el recorte aplicado fue de 124 mil 300 millones de pesos (mdp) al gasto público con el objetivo del crecimiento de la economía mexicana. El más castigado entonces, Petróleos Mexicanos (Pemex), organismo descentralizado al que se le aplicó un recorte de 62 mil mdp; además de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al que se le restó de su gasto 10 mil mdp, mientras que Comunicaciones y Transportes redujo su gasto en 11 mil 820 mdp.
Para el 2016, al mismo Presupuesto de Egresos se recortaron 97 mil mdp. Los que más lo sufrieron fueron tanto las Cámaras legislativas, como de nuevo, Comunicaciones y Transportes.
Pero 2016 sufrió dos recortes más en los meses de febrero y junio. El primero por 132 mil mdp, el que otra vez golpeó a Pemex, y el segundo por 31mil 715 mdp. Las justificaciones a tales acciones presupuestarias fueron la volatilidad y depreciación del peso frente al dólar y el déficit público en respuesta al Brexit –salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Ya para el 2017, el recorte al gasto público marcó un hito con casi 240 mil mdp, con el que se afectó a casi todas las dependencias de orden público, cuando sólo se había proyectado en 175 mil mdp.
En este 2018, con todo y proceso electoral federal en curso, el recorte por 90 mil mdp se endosó a las secretarías de Hacienda, Salud y Educación.
Es así como se muestra el grado extremo en recortes del gasto público a lo largo del Gobierno priista de Enrique Peña Nieto, que no alcanzó con dichos ajustes, el ansiado crecimiento económico, excusa de los mismos, a partir de 2015.
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Tocará ahora, el equipo de transición del aún presidente virtual y electo, Andrés Manuel López Obrador, la programación del gasto público respecto de lo que ha enunciado repetidas veces que será en base a un Plan de austeridad programado, lo que de sí, evitaría recortes abruptos como los que repetidas veces nos han propinado a los gobernados.
Tiene este esquema de entrada, puntos a favor: No deviene de exigencias, ni presiones externas. No es para el pago de deuda externa –que sólo en este sexenio se duplicó. Los recursos irán al gasto social e infraestructura.
Lo relevante e inédito, es que la austeridad estará programa y planeada y claro con este aviso, son los trabajadores llamados burócratas de todos niveles los que presienten la adversidad; sin darse cuenta que siempre han estado en el alambre haciendo malabares por conservar su empleo ante medidas sorpresa, que impactan su economía.
La experiencia dice que es mejor planear que tomar medidas abruptas y sin oxígeno en el camino.
Acta Divina…El 24 de junio de 2016, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció un nuevo recorte al gasto público con la idea de enfrentar el impacto que pudiera tener en los mercados la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Para advertir… Nuestra moneda nunca paró su depreciación.
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