Trabajadores de la Procuraduría Agraria en Yucatán, Tlaxcala, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y la Ciudad de México fueron trasladados a bodegas, antiguos graneros y oficinas prestadas como consecuencia de los recortes derivados de la política de “austeridad republicana”, según una investigación de Valeria Durán para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los testimonios recabados señalan que algunos empleados utilizan sus propias computadoras, compran papel de baño, jabón y artículos de limpieza, e incluso pagan con recursos propios la renta de las instalaciones para mantener el servicio a ejidatarios.
El Informe de Austeridad Republicana 2025 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) registró que el gasto destinado al arrendamiento de edificios y locales disminuyó 59.1% respecto de 2024. El documento también reportó reducciones en materiales de oficina, impresiones, consumibles, servicio telefónico e infraestructura informática.
En Yucatán, 39 empleados trabajan desde enero en una instalación que anteriormente funcionaba como bodega de fertilizantes de la Universidad Autónoma Chapingo, en Mérida. El cambio ocurrió después de que la Procuraduría Agraria dejó de pagar la renta.
María de Lourdes Hernández Domínguez, representante de la dependencia en Yucatán, explicó que la medida respondió a los recortes presupuestales y a la necesidad de ocupar instalaciones federales sin costo de arrendamiento.
De acuerdo con los trabajadores, la bodega no tiene ventanas ni aire acondicionado. Entre abril y julio se registraron en el estado temperaturas máximas extremas de entre 41 y 44 grados Celsius, con sensaciones térmicas de hasta 50 grados.
También reportaron falta de agua en los sanitarios, mobiliario deteriorado, humedad y presencia de fauna en los alrededores.
“No se puede vivir en un espacio que no se limpia y donde hay orín de zorrillo todo el tiempo o dónde hay gallineros y cuando llueve se sube el bochorno y respiramos el olor a heces de gallina. Las víboras de aquí son boa constrictor y cascabel, ellas buscan refugio y aumenta la peligrosidad ya que andan en el pavimento”, relató la representante sindical citada en la investigación.
Areli Ramírez, delegada sindical de los trabajadores en Yucatán, afirmó que los empleados pagan de su bolsillo diversos insumos necesarios para realizar sus actividades.
“A pesar de que hay presupuesto asignado se nos obliga a pagar de nuestra bolsa los insumos de limpieza y herramientas de trabajo, oficios, impresiones, escaneos, plumas etc.
“Todo sale del bolsillo del trabajador, hasta el agua, el papel de baño y el jabón de manos (…) Los trabajadores que denunciamos y no estamos dispuestos a callar estamos siendo hostigados, nos injurian y difaman, algunos no tenemos funciones, simplemente el acudir a laborar ya está mermando nuestra salud física y mental por el terror y angustia a ser objeto de calumnias”, declaró.
A pesar de las dificultades para llegar al inmueble y de que no existe una línea telefónica de atención, alrededor de 40 ejidatarios acuden presencialmente cada semana, según otro testimonio obtenido por MCCI.
En Tlaxcala, 22 trabajadores fueron instalados desde febrero en los llamados “Graneros del pueblo”, antiguos depósitos cilíndricos que durante el siglo pasado fueron utilizados por la Conasupo para almacenar granos.
Actualmente, cinco de esas estructuras son ocupadas por la Procuraduría Agraria: dos para guardar archivos, una para almacenar mobiliario y tres como oficinas. En cada una trabajan entre siete y ocho personas, quienes, según la investigación, tampoco cuentan con sanitarios propios, línea telefónica, limpieza, vigilancia ni computadoras institucionales.
En Mineral de Pozos, San Luis de la Paz, Guanajuato, 10 empleados fueron trasladados a un inmueble prestado por la Presidencia Municipal. Los trabajadores reportaron paredes con moho, humedad y daños estructurales; la Procuraduría únicamente cubre los servicios de agua y electricidad.
En Atlacomulco, Estado de México, 30 trabajadores laboran entre goteras y cajas de cartón utilizadas para almacenar expedientes, debido a la falta de una bodega adecuada.
En Uruapan, Michoacán, empleados entrevistados señalaron que ellos mismos reúnen los 10 mil pesos mensuales necesarios para pagar la renta de sus oficinas. La dependencia cubre el agua, la electricidad y el internet.
Los recortes también impactaron a las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria. Sus 459 trabajadores comenzaron a ser desalojados de sus anteriores instalaciones en noviembre de 2025 y desde marzo fueron ubicados en dos pisos del edificio del Registro Agrario Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Los empleados señalaron que los pisos quinto y sexto tienen goteras que han afectado equipos informáticos. Además, mesas diseñadas para tres trabajadores son utilizadas hasta por el doble de personas debido a las limitaciones de espacio.
“Existen muchas limitaciones, no se nos permite tener agua caliente para un café, un horno de microondas para calentar comida, tampoco podemos usar las áreas comunes. No podemos conectar ni nuestros celulares para cargarlos”, declaró uno de los empleados.
MCCI solicitó el 24 de agosto una postura de la Procuraduría Agraria sobre los señalamientos de trabajadores de las distintas representaciones. Hasta la publicación de la investigación, la dependencia no había respondido.
