En las filas de la informalidad se encuentra el 58 por ciento de la población mexicana, lo que refleja fallas en las políticas para reducir estas cifras; así lo señaló Clemente Ruiz Durán, autor del libro “Informalidad: Implicaciones Legislativas y Políticas Públicas para Reducirlas”, evento organizado por el Instituto Belisario Domínguez.
Durante la presentación de la obra, en el Senado de la República, el autor dijo que los gobiernos sólo apuestan por la formalización de empleos con un enfoque de recaudación, pero no cuentan con un plan para que esas personas tengan acceso a la protección social.
Detalló que el 47.7 por ciento de la informalidad está en los hogares que incluye el trabajo doméstico y los negocios familiares. Reducir estas cifras, se requiere, entre otros, apoyo a los campesinos y que todos los empleados de los gobiernos Federal, estatal y municipal estén en la formalidad, “es indigno que se llamen gobiernos a quien mantiene gente en la informalidad.
El coautor de la obra, Jesuswaldo Martínez Soria, dijo que los esfuerzos de política pública implementados desde los años 90 “no han sido atinados”, pues el problema “ahora está enquistado en el mercado de trabajo, en toda la economía nacional”.
Señaló que aun cuando el tema se encuentra en la agenda de trabajo de los gobiernos, se implementaron acciones contradictorias o incompletas, como el impulso al autoempleo a inicios del año 2000, pero el cual no fue acompañado de la protección social al trabajador
Planteó como medidas para reducir la informalidad, la creación de un régimen especial de inscripción a la seguridad social para trabajadores por cuenta propia, seguro de desempleo obligatorio que sirva de “colchón de resguardo” para quienes son expulsados de la formalidad en época de crisis y evitar que se “resguarden” en la economía informal.
Además, implementar un sistema de prestaciones sociales de cobertura universal constituido por un paquete de servicios básicos de salud, por un seguro de invalidez y vida, que se establezca una pensión mínima, así como elevar la calidad de bienes y servicios que otorga el Estado.
El investigador Gerardo Esquivel consideró no solo de debe tener un enfoque fiscal de la informalidad, sino que debe ser de seguridad social, porque, por una parte, se quiere formalizar a los trabajadores para aumentar la recaudación fiscal, no obstante no se contempla el impacto en la seguridad social, éste puede aún mayor.
