Los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron este lunes su renuncia inmediata e irrevocable, alegando una “imposibilidad jurídica” para continuar con su labor de selección de candidatos para la elección judicial programada para el 1 de junio.
La decisión fue comunicada a través de un escrito difundido en redes sociales y firmado por los magistrados Wilfrido Castrejón León, Emma Meza Fonseca, Mónica González Cobiño, Hortencia María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo.
En su misiva, los magistrados expresaron que asumieron el cargo con la convicción de que el Comité podría garantizar un proceso transparente y profesional en la selección de perfiles para la elección judicial. Sin embargo, tras semanas de trabajo, señalaron que consideran “inviable la tarea constitucional que nos fue encomendada”.
La renuncia se produce en un momento crítico, marcado por tensiones entre los poderes Legislativo y Judicial. Recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Senado asumiera las tareas de selección que estaban a cargo del Comité, debido a un desacato a una sentencia que ordenaba reanudar sus actividades.
El TEPJF instruyó al Senado a llevar a cabo un proceso de insaculación (tómbola) para elegir a los aspirantes, lo que significa que se sortearán los nombres de los candidatos en lugar de evaluar su idoneidad. Esta decisión ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y calidad del proceso.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que el próximo 4 de febrero se realizará un sorteo público donde se colocarán los nombres de los aspirantes en esferas. Este proceso será supervisado por notarios públicos para garantizar su transparencia.
Además, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no aprueba las listas resultantes del sorteo, el Senado podrá enviarlas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) como candidaturas definitivas.
La SCJN ya había otorgado medidas cautelares para proteger a los miembros del Comité de Evaluación contra cualquier sanción derivada de su negativa a cumplir con la sentencia del TEPJF. Esto significa que no enfrentarán multas ni otras medidas legales.
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