Redacción
NoticiasMX.-. La corrupción, la opacidad y la discrecionalidad acentúan la crisis hídrica en México, concluye un estudio elaborado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
Tan sólo entre 2015 y 2018, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó 77 títulos de concesión hídrica en acuíferos sin disponibilidad.
Los títulos de concesión otorgados privilegian el uso agrícola por encima del derecho humano al agua y se concentran en tres regiones: Lerma-Santiago (61 por ciento), Río Bravo (26 por ciento) y Baja California Sureste (13 por ciento).
De acuerdo con el estudio “Corrupción en el sector agua, quién es responsable de la crisis”, presentado por Ethos, en la región Lerma-Santiago -que se distingue por ser la que concentra alta actividad económica- se identificaron patrones que sugieren la presencia de actos irregulares.
Por ejemplo, una de las concesiones otorgadas de mayor volumen está declarada como de carácter agrícola, aunque el nombre del titular es de una inmobiliaria, lo que sugiere un mercado negro del agua.
Se identifica también que las concesiones fueron otorgadas con el conocimiento de los funcionarios de Conagua sobre la poca disponibilidad del líquido en los acuíferos.
La mayoría de los títulos de concesión otorgados se ubican en el acuífero Valle de Aguascalientes, donde, desde 2012, la Conagua ya señalaba que la extracción desmedida del líquido estaba teniendo efectos negativos sobre los niveles de agua y su calidad, el terreno, la rentabilidad de los cultivos, entre otros.
Es decir, la propia Conagua aprobó el otorgamiento de concesiones pese a conocer las consecuencias de la sobreexplotación en la zona, apunta el estudio.
Un patrón similar se observa en las regiones Río Bravo y Baja California Sureste.
En una revisión hecha en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a 37 expedientes de concesiones otorgadas por los Organismos de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y de Río Bravo, se encontró que dichas autorizaciones fueron emitidas a pesar de que no se contaba con los comprobantes de pago de derechos, el dictamen técnico, oficios de resolución o la solicitud de inscripción del título de concesión.
Uno de los focos rojos más notorios en el otorgamiento de concesiones es el rezago que existe en la expedición de títulos de concesión, pues -de las 19 mil 640 solicitudes que se registraron ante la Conagua en 2016- sólo se resolvió el 38 por ciento. Esta situación motiva un mercado negro de derechos de agua, apunta el estudio.
“Muchas veces existe la complicidad de funcionarios en la compra de derechos de agua por medio de coyotes y fuera de mecanismos formales”, afirmó Rodrigo Bolaños Suárez, integrante de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
Otro punto crítico es la existencia de pozos clandestinos ya que, de 2012 a 2018, la Conagua detectó 2 mil 280 y ello se suma la incertidumbre sobre cuánta agua se extrae de éstos, ya que la mayoría se localiza en áreas sobreexplotadas.
Por otra parte, se identifica que la corrupción ocasiona que tres de cada cinco cuerpos de agua superficial en arroyos, ríos u otros cauces estén contaminados, y que uno de cada cinco acuíferos esté sobreexplotado.
Actualmente, tres de cada cinco cuerpos de agua superficial en el País tienen un incumplimiento en los parámetros para medir su calidad, mientras que, en aguas subterráneas, uno de cada dos acuíferos se encuentra en la misma situación.
Y tiene impacto en la población
Debido a la corrupción en el sector agua, 3 de cada 10 hogares no cuentan con este líquido diariamente.
El estudio de Ethos señala que la corrupción y la mala gestión de los organismos operadores de agua ocasionan también que 3 de cada 4 personas consideren que el agua a la que tienen acceso no es sana para beberse.
Además, 7 de cada 100 personas reportan corrupción en los servicios municipales tales como la solicitud de pipas de agua.
Mientras que 70 de cada mil dueños de negocios han sido víctimas de la corrupción cuando solicitan estudios de factibilidad de agua y drenaje, debido a la falta de una normatividad clara y a la poca transparencia en la gestión hídricas.
“Esto lacera el derecho humano al agua. Si hay una persona con necesidad de agua y por otra parte hay una industria que requiere agua, la prioridad tendrían que ser las personas”, agregó Rodrigo.
