Ricardo Del Muro / Austral
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de Chiapas convocar a una elección extraordinaria, este año, en el municipio de Pantelhó, Chiapas, donde los comicios se han sido cancelados desde 2021 debido a la inseguridad generada por una sangrienta pugna intercomunitaria entre dos grupos: El Machete y Los Herrera, que a balazos se disputan el control del ayuntamiento.
En 2024 no se pudieron realizar elecciones en este municipio indígena por las condiciones de inseguridad, por lo que el Congreso estatal designó a un Concejo Municipal para gobernar en el periodo 2024 – 2027. Sin embargo, hubo necesidad de recurrir al apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano para que pudiera tomar posesión el presidente del concejo municipal, Juan Gómez Sántiz.
Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), apoyados por el Ejército y la Guardia Nacional, desde febrero se instalaron de manera permanente en este municipio para mantener recorridos de vigilancia por la cabecera municipal, los caminos rurales y las comunidades, como única forma de evitar los enfrentamientos entre los grupos delictivos.
El fallo del TEPJF responde a la impugnación presentada por el partido Encuentro Solidario Chiapas, el cual argumentó que la designación del Concejo Municipal para gobernar durante tres años era excesiva y contravenía los principios democráticos, ya que impedía a la ciudadanía ejercer su derecho al voto.
Ante esta resolución, la presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, informó que el organismo está listo para iniciar el proceso y sólo espera la convocatoria que hará el Congreso estatal, pero advirtió que “ahora se espera que haya condiciones de seguridad y gobernabilidad”.
Sin embargo, la suspensión reiterada de elecciones extraordinarias en este municipio de los Altos de Chiapas, por falta de condiciones mínimas de seguridad, no es un hecho aislado, sino que muestra como se han mantenido los cacicazgos en las regiones más pobres y atrasadas del país.
Hasta ahora, la respuesta del gobierno federal ha sido mandar a elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, acompañados por policías estatales, a la cabecera municipal, pero definitivamente nada ha hecho la Secretaría de Gobernación para detectar el origen del conflicto y distensionar esta zona indígena. Parece un galimatías político en donde los habitantes de Pantelhó están a merced de dos grupos armados que disputan el poder.
Desde el 25 de mayo de 2018, el Frayba de la diócesis de San Cristóbal señaló la existencia de grupos civiles armados en Pantelhó y de cómo los partidos políticos dividían y confrontaban a las comunidades indígenas. Hace dos años hizo crisis el cacicazgo en este municipio, cuando la población se rebeló y formó el grupo de autodefensa El Machete, para oponerse a la violencia de los Herrera.
El Machete apareció el 7 de junio de 2021 en la cabecera municipal de Pantelhó para rebelarse en contra un cacicazgo encabezado por el entonces alcalde perredista, Ricardo Trujillo Morales, a quien acusaron de tener sicarios a su servicio.
En aquella ocasión, el grupo mencionó que desde hace 20 años comenzó su sufrimiento, cuando en 2002, el señor Austreberto Herrera Abarca “se quiso autonombrar para ser juez municipal de Pantelhó”. Denunciaron que Herrera fue quien “le abrió las puertas al crimen organizado” y comenzó a matar a quienes se oponían a sus actividades.
Al tomar el control del municipio, el grupo de El Machete retuvo en el parque central de esa población y secuestró a 21 personas que estaban ligadas con los Herrera, quienes desde hace dos años están desaparecidas. Esto desencadenó las confrontaciones entre los dos grupos, donde se han registrado bloqueos carreteros, quemas de viviendas, secuestros y homicidios.
Un grupo armado, ligado con los Herrera, se apoderó de la cabecera municipal el 27 de julio del año pasado, obligando a que los integrantes del concejo municipal se refugiaran en una población cercana.
Tres semanas después las autoridades recuperaron el edificio del Ayuntamiento y el control de la cabecera municipal, pero tuvieron que ser respaldadas por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que establecieron puestos de revisión a la entrada del municipio y realizaron patrullajes por las calles de la ciudad. Posteriormente llegó el grupo Pakal para establecer una vigilancia permanente en el municipio.
Ante las próximas elecciones, la responsabilidad de las autoridades es clara. No basta con fijar nuevas fechas para las elecciones mientras persisten las mismas condiciones de violencia, miedo e impunidad. Es urgente que se garantice la seguridad de las comunidades mediante una estrategia sostenida, coordinada y respetuosa de los derechos humanos. Pero también se requiere una depuración a fondo del sistema político local, que incluya la investigación de las redes de poder que han permitido la infiltración criminal en las estructuras municipales. RDM
