En un año marcado por una serie de casos de jóvenes y menores de edad víctimas de delitos en México, la respuesta gubernamental ha levantado alertas entre especialistas, quienes advierten que la revictimización no es un hecho aislado, sino una estrategia gubernamental que busca reducir la presión pública y política en medio de una creciente crisis.
Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, ha arrojado luz sobre esta estrategia en una entrevista con EMEEQUIS.
Según Pérez, esta táctica se manifiesta a través de tres expresiones específicas: responsabilizar a las víctimas de los hechos, filtrar información para generar sospechas y fortalecer la narrativa desde lo que se conoce en sociología como «necropolítica», es decir, la decisión del poder sobre quién vive, quién muere y quién merece morir.
El coordinador de Tejiendo Redes señala que esta estrategia no es nueva y ha sido una constante en los últimos tres sexenios. Desde la guerra contra el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón, se ha utilizado una estrategia de comunicación de guerra que construye una narrativa donde se habla de «víctimas colaterales» y se justifica la muerte de adversarios.
Pérez destaca que, en la necropolítica, el éxito se mide en el número de muertes, y se considera más exitoso si las víctimas son presuntamente criminales y menos si son inocentes.
Ejemplos recientes, como el caso de María Ángela, una menor desaparecida en el paradero de Indios Verdes, y los casos de desaparición masiva y homicidios en diferentes regiones del país, reflejan esta estrategia. Pérez subraya que la revictimización no es un fenómeno aislado y se ha mantenido constante a lo largo de los gobiernos, siendo llevada a niveles insospechados durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador.
La Estrategia del Censo de Desaparecidos: Reducción de Presión Pública
Otro ejemplo que ilustra la estrategia necropolítica del gobierno es el nuevo censo de desaparecidos. Juan Martín Pérez explica que se han utilizado «categorías ofensivas» que eliminan a las víctimas de desaparición de los nuevos registros, contribuyendo así a la reducción de la presión pública y política ante la crisis. Se menciona la utilización de términos como «ausencia voluntaria» en el caso de menores, despojando de humanidad a las víctimas y eximiendo al Estado de responsabilidades.
Virginia Garay, fundadora del colectivo de búsqueda Guerreras Nayarit, señala que el nombramiento de la nueva comisionada de búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, ha contribuido a la agudización de la crisis.
La falta de conocimiento de la ley de víctimas y la ausencia de información han generado preocupaciones, especialmente en la reducción del número de desaparecidos en el censo.
Impacto en la Opinión Pública: Desafíos de la Comprensión Lectora
La estrategia gubernamental de revictimización impacta directamente en la percepción pública de los casos, según Juan Martín Pérez. Destaca la falta de habilidades de comprensión lectora y la incapacidad de distinguir entre información y opinión como elementos fundamentales en este problema.
La prueba PISA de 2022 reveló altos problemas de lectura en México, donde las personas no logran diferenciar información de opinión, lo que dificulta la construcción de pensamientos críticos.
Pérez advierte que la estrategia de desinformación se ejecuta en todos los niveles políticos y partidos, utilizando granjas de bots en redes sociales para generar opiniones desfavorables a los derechos humanos. Enfatiza en la importancia del derecho a la información como un elemento crucial para construir opiniones propias y destaca la obligación del Estado mexicano de proporcionar una comunicación institucional que no viole la ley y la Constitución.
En medio de esta estrategia gubernamental, la sociedad se enfrenta a desafíos significativos en la construcción de una opinión informada y crítica, destacando la necesidad de abordar la problemática desde la educación y la promoción de la lectura crítica. La revictimización del Estado persiste como una preocupación constante, planteando interrogantes sobre la transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos en el ámbito gubernamental.
con información de Emeequis
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