Eduardo Sadot
El sello de la corrupción de MORENA se caracterizó por las mentiras, el robo del dinero de mantenimiento, la opacidad y una impunidad rampante. Desde el primer día de gobierno, la administración de López Obrador dispuso un esquema para desviar fondos destinados a las instalaciones de la administración pública federal, caminos y carreteras; podemos identificar su corrupción desde ese primer momento.
Está comprobado que en ciertos sectores, el mantenimiento no es una prioridad ni forma parte de una cultura de preservación, y el gobierno aprovechó ese descuido estructural para saquear las arcas. Pero este abandono de la infraestructura no fue solo una negligencia cultural, sino una estrategia financiera para alimentar la consolidación de una nueva oligarquía familiar que, bajo el antifaz de la austeridad, amasó fortunas mediante el tráfico de influencias y contratos asignados a modo.
La retórica de “primero los pobres” se estrella contra la realidad de escándalos como el de Segalmex, donde la Auditoría Superior de la Federación detectó un desfalco superior a los 15,000 millones de pesos, una cifra que duplica cualquier esquema de corrupción del pasado y que afectó directamente la seguridad alimentaria de los más necesitados. Esta corrupción sistemática se extiende al círculo más íntimo del poder, donde los hijos del exmandatario, han sido señalados por encabezar una red conocida como “El Clan”.
Através de amigos cercanos, ya famosos hoy, esta red obtuvo beneficios por más de 1,000 millones de pesos en contratos de balasto para el Tren Maya y más de 490 millones de pesos en suministros médicos a través de la empresa Romedic, a pesar de estar boletinada por Cofepris. El dinero que debía destinarse al mantenimiento de hospitales y vías de comunicación terminó en las cuentas de una casta privilegiada que operaba con total discrecionalidad.
La impunidad no fue una coincidencia, sino un sello de la casa. Los videos de Pío y Martín López Obrador recibiendo sobres con efectivo fueron despachados por la Fiscalía General de la República como simples “aportaciones al movimiento”, archivando expedientes a pesar de las pruebas visuales y las admisiones públicas de los involucrados.
Este manto protector también alcanzó a la familia extendida, como se vio en el caso de Concepción Falcón Montejo, cuñada del expresidente y síndica de Macuspana, quien se vio envuelta en un faltante de 200 millones de pesos que provocó la renuncia del cabildo sin que hubiera una sola orden de aprehensión. Lo mismo ocurrió con Felipa Obrador, cuya empresa Litoral Laboratorios Industriales logró contratos con PEMEX por 312 millones de pesos, demostrando que el nepotismo fue la regla y no la excepción.
Este sexenio será recordado como el periodo de las verdades alternativas, donde se registraron más de 100,000 afirmaciones no verdaderas en las conferencias matutinas para ocultar que México descendía en los índices internacionales de transparencia, situándose en el lugar 126 de 180 naciones. Mientras la infraestructura nacional se cae a pedazos por la falta de mantenimiento y el robo de presupuesto, la “Casa Gris” en Houston, vinculada a contratistas de PEMEX como Baker Hughes, permanece como el monumento al conflicto de interés nunca castigado.
La mentira se convirtió en política de Estado para ocultar una realidad dolorosa: que el dinero del pueblo no fue a parar a la justicia social, sino a los bolsillos de una familia que, mientras predicaba la pobreza franciscana, construía el sexenio de la corrupción más cínica y la impunidad más absoluta de nuestra historia moderna. Así serán recordados los sexenios de MORENA, como robo de mantenimiento, mentiras, corrupción e impunidad.
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