Por: Gerardo Rivadeneyra
El pasado martes 29 de octubre los usuarios de Uber, Didi, Cabify y otras plataformas de movilidad nos fuimos a dormir con una terrible noticia, la Guardia Nacional estaría revisando que no pudiéramos ir al aeropuerto en esas plataformas. De acuerdo con los medios de comunicación la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en particular el subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta, habría negociado con el gremio de taxistas prohibir el uso de Apps en zonas federales así como en los aeropuertos del país. Para supervisar que esto se cumpliera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Guardia Nacional (GN) harían operativos de revisión en los aeropuertos cumpliendo así las exigencias del gremio.
Rápidamente las redes dieron cuenta de este atropello al derecho a la movilidad de los ciudadanos y reventaron en contra de esta decisión. El mal ambiente hacia el gremio taxista se extendió hacia el Gobierno que acumula un 92% de negativos y hacia el subsecretario que tiene un 41% de conversación negativa según la herramienta de análisis de medios digitales Xpectus.
El concepto #UsosParaLaGuardiaNacional se posicionó como un trending topic nacional y con el mismo los usuarios critican que se esté usando a un cuerpo de seguridad pública para perseguir a los usuarios de las apps de movilidad. Mientras los conceptos “Uber”, “Cabify” y “Didi” se han posicionado en un tono favorable hacia las aplicaciones móviles (37% de los comentarios) los usuarios han salido a expresar su apoyo a las apps y a externar su decisión de seguir usando dichas plataformas.
¿Por qué el gobierno estaría planteando operativos de la GN en todos los aeropuertos de nuestro país? De acuerdo con la Secretaría de Turismo la llegada de turistas internacionales durante enero 2019 fue de 3.5 millones, que representó unas derrama económica de alrededor de 2 mil 289 millones de dólares.
Antes de la aparición de las plataformas móviles, el gremio taxista tenía asegurado las ganancias de todas esas visitas internacionales, todos los que entrábamos al país éramos rehenes de esa mafia. Sin embargo ahora con la entrada de Uber, este gremio tuvo que pelearse el pastel y dado a que no quisieron ajustar sus excesivas tarifas salieron siendo los grandes perdedores de la ecuación. Claramente ahora los taxistas están buscando recuperar el control de esa plaza.
Agreguemos a esta ecuación que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía se localiza a alrededor de 55 kilómetros de la Ciudad de México y el tiempo de recorrido es de aproximadamente una hora, este es un jugoso botín para el gremio taxista. De acuerdo con un ejercicio de la revista Chilango, un viaje de Reforma al aeropuerto de Santa Lucía en Uber te cobraría alrededor de 427 pesos mientras que un servicio de taxi te costaría alrededor de 600 pesos.
Claramente los usuarios optarán por viajar con la comunidad, el servicio y el precio que te ofrecen las plataformas. Tal vez por eso los líderes de los taxistas han extorsionado al Gobierno Federal y están buscando por todas las vías mantener ese negocio tal como siempre les ha funcionado. Ello sin preocuparse por el servicio que se le prestan a los turistas internacionales, ni por respetar el libre tránsito de las personas.
En un país que libra una dura batalla en contra del crimen y la inseguridad, donde en los primeros 10 meses del actual gobierno se acumulan 28 mil 782 asesinatos, es decir, unas 95 muertes diarias. Es irresponsable utilizar al principal cuerpo de seguridad del país en operativos en contra de los usuarios de las aplicaciones móviles y en beneficio de una mafia. La Guardia Nacional debería concentrarse en garantizar la seguridad y paz en todos las ciudades del país, así como salvaguardar la tranquilidad de los turistas que visitan nuestro país.
Si bien el subsecretario Ricardo Peralta ha tenido una intensa actividad en medios de comunicación para “desmentir” dichos operativos, sería bueno que la Secretaría de Gobernación retire el comunicado y cancele dichos operativos. Esto se suma a la serie de sobreregulaciones al sector de las aplicaciones de movilidad, como el ya conocido caso de solicitar datos de los usuarios por parte de SEMOVI. Habrá que recordarle a las autoridades que los usuarios y los trabajadores de Uber no son los criminales que el gobierno debería de estar buscando y atrapando con esos recursos.
