El Pleno del Senado aprobó con 77 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, un dictamen de reformas y adiciones a diversas leyes en materia ambiental, con lo que faculta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que actualice y haga eficaz el prodecimiento de inspección ambiental federal.
Además de otorgar más facultades a la Profepa, le permite incorporar al procedimiento administrativo las actuaciones realizadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para que se posibilite una efectiva actuación frente a las infracciones, daños y deterioros ambientales que se presentan en todo el país.
Señala que se regularán no solo los actos de inspección, sino también los de vigilancia ambiental, los de verificación de resolutivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como los actos de investigación técnica, cuyo propósito es el de conducir la actuación de la Profepa hacia la investigación técnica y científica.
Se propone crear un procedimiento de inspección federal único, derogando además las normas procedimentales que se encuentran hoy dispersas en las diversas leyes ambientales federales, situación que ocasiona falta de certeza jurídica para los gobernados, dificultad en su aplicación por la autoridad y resta eficacia a las actuaciones de la Profepa.
El documento señala que este nuevo procedimiento ayudará a regular de manera más precisa los alcances del contenido de las actas de inspección, las facultades de coadyuvancia de los denunciantes populares, así como de todos los actos administrativos, incluyendo la resolución sancionatoria en la que se impondrá la obligación de reparación y compensación ambiental del daño.
La Asamblea aprobó una modificación al dictamen para que la Profepa y las autoridades administrativas facultadas para inspeccionar, garanticen a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el respeto de sus derechos, prerrogativas lingüísticas, usos y costumbres reconocidas por la Constitución.
De acuerdo con el cambio por el que se adiciona un séptimo párrafo al artículo 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las autoridades agregarán en autos las constancias que acrediten que se dio cumplimiento con las obligaciones referidas en esta disposición.
La presidenta de la Comisión de Cambio Climático, Silvia Garza Galván, dijo que la Procuraduría sigue operando con reglas de procedimiento diseñadas en 1988, “que son claramente insuficientes para cumplir con el mandato de procuración de justicia en todas las áreas reguladas por la legislación ambiental federal”. Sostuvo que las reformas representan un cambio sustancial, ya que establecen mayor seguridad jurídica para los actores involucrados en las acciones de inspección: autoridades, denunciantes, ciudadanos y empresas.
El senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM, destacó que el trabajo de la Profepa “es de gran valor para proteger la vida silvestre, los recursos forestales, los ecosistemas costeros, las áreas naturales, la calidad del aire y el derecho constitucional de toda persona a disfrutar de un ambiente sano.
Los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia, dijo el legislador, constituyen un elemento fundamental del sistema de impartición de justicia ambiental, de ahí la importancia de modernizarlos.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Marcela Guerra Castillo, advirtió que la biodiversidad y los recursos naturales se encuentran amenazados por actividades ilícitas, como la tala ilegal de árboles o el tráfico de flora y fauna silvestre. Ello, agregó, hace importante tomar conciencia de la gravedad de los delitos ambientales y de la necesidad de fortalecer las acciones que persigan con decisión a quienes dañan y lastiman el medioambiente.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez manifestó que la reforma transformará las instituciones encargadas de inspeccionar las actividades ambientales, así se reacomodan las atribuciones y desaparecen las agencias que entraban en conflicto con cuanto a atribuciones de la Procuraduría.
El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Fernando Mayans Canabal, dijo que la Profepa ha sido rebasada, porque es mayor el interés económico de las empresas, lo que deriva en corrupción e impunidad en deterioro ambiental.
El dictamen incluye reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a la Ley General de Bienes Nacionales; a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; a la Ley General de Vida Silvestre y a la Ley General de Cambio Climático.
