Guillermo Portugal Vela
Andrés Manuel López Obrador entrara en funciones como presidente constitucional el primero de diciembre próximo, sin embargo ya como presidente electo y en un proceso inédito por la toma de decisiones sobre algunos puntos del Proyecto de Nación 2018-2024, está preparando el reordenamiento institucional para dar respuesta a las prioridades nacionales y demandas sectoriales, destacando entre otros puntos críticos que existen “dos terceras partes de la extrema pobreza del país que está concentrada en el campo”.
En esta ruta el Dr. Víctor M. Villalobos Arámbula nominado titular de la nueva Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ya está abordando tres asuntos iniciales: integrando su equipo, las tareas de la transición; y formular los objetivos-metas de los programas de la Secretaría.
Sobre esto último es pertinente tener una perspectiva “de integralidad para establecer las políticas públicas”; y discutir la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), contrastándola “con la realidad del campo mexicano”, es decir que la Ley se ajuste a las necesidades y exigencias de los actores involucrados; y examinar el enfoque territorial con una “conexión del ciclo económico con lo ecológico”.
Pero para validar los anteriores señalamientos respecto a la perspectiva de integralidad y el discutir la LDRS se sugiere realizar un “Estudio sobre la Evolución y Desempeño de los Programas y Acciones de la SAGARPA 2013-2018”. Dicho estudio se inscribe en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño, que es una herramienta para la gestión de resultados y cuya definición corresponde al “conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del Desempeño de los Programas Presupuestarios utilizando indicadores”
Sin embargo, derivado a la situación desde hace más de dos décadas de que las administraciones del ramo agrícola han continuado avalando a las trasnacionales agroalimentarias en la cadena producción-consumo y que Ernest Feder en 1982 acuño como “el modelo del anzuelo, el sedal y la plomada” que es una variante de la Revolución Verde de última generación que explica como el capital monopolista incentiva la dependencia y la especulación mercantil alimentaria vía el proceso de modernización agrícola.
Por tanto, en oposición a este modelo la nueva Secretaría deberá cambiar el término de seguridad alimentaria “que fomenta la agricultura de gran escala e industrial” por el de soberanía alimentaria donde “los alimentos son más que mercancías” es decir impulsar el mercado local y la cultura alimentaria regional para recuperar la estructura productiva y el tejido social.
Sobre la alineación de este último considerando se plantea que el extensionismo deberá basarse en el Proyecto Institucional para la Concurrencia Territorial-Microcuencas (PICTeMi) aplicado en el 2011 en 19 entidades federativas y cuya estructura son los “Equipos de Competitividad y Desarrollo Sustentable” relacionados a los Sistemas de producción agropecuarios, Manejo sustentable de recursos suelo-agua, Fomento organizativo y el Manejo comercial agropecuario.
Corolario, adecuar el proyecto considerando la definición de la propuesta que ha hecho la mencionada nueva dependencia sobre regionalización de las cinco regiones en que se dividió el país: “noroeste, noreste, occidente, valles altos y sur-sureste”; así como los proyectos prioritarios que también plantean sobre el “fortalecimiento de la canasta básica, crédito a la palabra en ganadería, producción de fertilizantes y el de autosuficiencia de los productos básicos”.
