Palabra de Antígona
*Un exhorto de la Cámara de Diputados para atender esta problemática, sin respuesta hace 67 días
*El argumento: la estrategia multi institucional era del otro régimen, ahora a esperar
Sara Lovera
SemMéxico. Ciudad de México. 22 julio 2019.-En estos días voy de sorpresa en sorpresa. La muerte de algunas personas nos hace mirar hacia atrás y reconocer que hay un gran trecho enfrente. Hace unos cuántos días nos enteramos vía redes sociales de la muerte de la feminista Rosa Dominga Trapasso, dejándonos un gran hueco. Y apenas y respiramos cuando supimos del accidente en que murió el secretario general del Consejo Nacional de Población Conapo, Carlos Echarri Cánovas, incansable funcionario público aliado de la tarea por asegurar los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, especialmente niñas y mujeres, comprometido con bajar las tasas del embarazo de adolescentes.
Dos pérdidas tremendas. Ella la monja, peruana por adopción y feminista, Rosa Dominga quien durante casi tres décadas luchó y peleó por las mujeres que viven en prostitución, revelándonos los entretelones de la vida de sus hijos e hijas y sus derechos. La vi por última vez en Lima, hace unos tres años. De ella recibimos no sólo la complicidad feministas, sino sus enseñanzas y reflexiones.
Los huecos de esta naturaleza te dejan helada. A Carlos Echarri Cánovas, lo conocí y lo trate poco. Él, como otros demógrafos comprometidos, fue para mí una herencia de la generosidad de mi amiga Teresita de Barbieri, la misma que nos dejó un enero frío. Ella me instruyó sobre la importancia de la política de población. Un hombre, él, empeñado los últimos años por deshilvanar los entresijos del embarazo de miles de jovencitas mexicanas, que no encontraron orientación sexual, entre otras cosas por la secrecía de las familias conservadoras.
Pero en feminismo, el de Rosa Domínguez y el fenómeno del embarazo en adolescentes, me han hecho mirar adelante. No todo es fatal, me he dicho, ni todo puede estar bajo la idea única de un gobernante que todavía le cuesta mucho trabajo mirar la diversidad sexual y los problemas específicos de las mujeres, en estas sociedades patriarcales.
Hoy sé que es urgente una cruzada de educación sexual, asunto de responsabilidad gubernamental en estos menesteres. En el embarazo de adolescentes, los hechos y las cifras son contundentes. Por lo que la tendencia en esta administración de considerar sólo a las más desposeídas, es por lo menos parcial.
De acuerdo a datos oficiales, en 2018 la tasa fue de 77 adolescentes embarazadas por cada mil jóvenes de 15 a 19 años, y la edad de inicio de las relaciones sexuales, en el 23 por ciento de este segmento, fue entre los 12 y 17 años.
De acuerdo a cifras de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ENPEA, en México ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años y 15 por ciento de los hombres. 33 por ciento de las mujeres no utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual.
Por ello, el Estado mexicano debe tomar en cuenta variables de riesgo de tipo individual, social y familiar, involucradas en este problema. Provenientes de una diversidad socioeconómica.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años, y aproximadamente un millón de niñas menores de 15, dan a luz cada año. En este escenario, México tiene el primer lugar a nivel mundial entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Asimismo, tres millones de adolescentes entre 15 y 19 años se practican abortos inseguros o clandestinos en el mundo para interrumpir un embarazo no deseado, acción que pone en riesgo su salud. En nuestro país, en los últimos 15 años, la fecundidad y la proporción de nacimientos entre adolescentes se han mantenido en niveles altos y prácticamente sin cambios.
Más de la mitad de estos embarazos no son planeados y se reportan 77 nacimientos por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años de edad. Los embarazos conocidos como muy tempranos, es decir, en el grupo de edad de 10 a 14 años, también van en aumento, con casi 27 por ciento de todos los nacimientos, bajo la sospecha de que esas niñas madres fueron violadas sexualmente.
Además, la necesidad insatisfecha de anticonceptivos entre mujeres adolescentes en 2018 fue del 24.8 por ciento. Es el grupo más alto del país, aún por encima de las mujeres hablantes de lengua indígena, cuya cifra es de 21.7 por ciento.
El embarazo adolescente pone en riesgo la salud de la madre y del recién nacido. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. A nivel global, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años.
Nada parece más grave. No obstante para las y los legisladores, fortalecer acciones que disminuyan esta situación, ya no está en su cancha, eso, dijeron en un exhorto el 31 de mayo último, dicen que deberá ser transversal, por cierto, tal como lo planteó en 2014 la ENPEA, que involucraba a 11 instituciones. Las y los diputados piensan que se trataba de un programa, simple.
De todos modos me pregunto cuál ha sido el destino del punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del 31 de mayo, hace 47 días se exhorta al Gobierno de la República a fortalecer las acciones de prevención del embarazo adolescente y la mortalidad materna, problemas globales relacionados con la desigualdad entre hombres y mujeres, éste exhorto no obtuvo sino una sola respuesta, la de Maricela Contreras Julián, coordinadora de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
¿Ella nada más? a pesar de que se pidió actuar a todas las entidades y dependencias de la administración pública. Esta llamada de atención la promovió la diputada Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional, el 14 de febrero de 2019. Fue aprobada con modificaciones el 31 de mayo, en el que la Cámara de Diputados quien debía llamar al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gipea), para reforzar acciones que permitan reducir la cifra de embarazos en adolescentes; con pleno respeto a sus derechos humanos y particularmente a sus derechos sexuales y reproductivos, tanto como a la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo federal, para que a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, destine mayores recursos para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la prevención y atención del embarazo adolescente. Asunto prohibido por la presidencia de la República.
La Cámara dijo: resulta que como el Gipea se estableció en el sexenio pasado, por lo que se considera improcedente la propuesta, dado que “[…] el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que sirvió como base para la creación del Gipea no es vigente, puesto que el 1 de diciembre de 2018 comenzó el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador para el periodo 2018-2024 y se espera, de acuerdo a los ordenamientos antes citados, se emita el Plan Nacional de Desarrollo correspondiente. Mismo que no habla de este asunto.
Ese grupo que al que dio importancia nuestro querido amigo Carlos Echarri Cánovas, ahora se considera por la cámara popular que “no es una acción pública vigente en nuestro país, por lo que resulta imposible dirigir un exhorto en el nuevo diseño institucional de la administración pública.” O sea. Mientras piensan ¿qué harán, las niñas de México?
No obstante que las y los diputados reconocen que: se entiende como primordial atender no sólo el problema de embarazo adolescente a partir de un programa, –era una estrategia- sino a través de acciones específicas constantes y concretas que permitan reducir el índice de embarazos en niñas y adolescentes y, por consecuencia, en la mortalidad materna. De ahí que la diputada panista pidió a la Administración Pública, actuar con una visión transversal de tareas que permitan cumplir con este objetivo, sin importar el momento político-administrativo en que se encuentre el país.
Pero como dije antes, nada más el enlace de la Secretaría de Educación Pública respaldó de manera enfática el exhorto, parcial y modificado. Nadie más.
Los y las diputadas al parecer, sólo les preocupa un sector de la población. Desde la SEP igual: “La Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la SEP, a través de la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, componente del Programa Nacional de Becas, desde 2011 suma acciones hacia el ejercicio de los derechos, la igualdad sustantiva y la igualdad de género dentro de la atención educativa a la diversidad social, étnica, cultural, lingüística y de capacidades. De esta manera, quedan incluidas las adolescentes y jóvenes de poblaciones en mayor riesgo de vulneración como las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres rurales, mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, entre otras. O sea. ¿Y todas lo demás?
Destaca el dato, 77 adolescentes por cada mil mujeres embarazadas, pero agrega “entre la clase más desfavorecida”, es decir no considera el dato global, porque sólo son 15 adolescentes por cada mil mujeres embarazadas en la clase más alta. Para la SEP la diferencia más importante en cuanto a salud reproductiva tiene que ver principalmente con la inequidad en el acceso a los servicios de salud, la cual se encuentra claramente marcada por los estratos socioeconómicos.
Al respecto, no olvidemos que el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en las recomendaciones del 92 Informe sustentado por México como país miembro, resalta la urgencia de garantizar los derechos de poblaciones en situación de riesgo, con mayores acciones afirmativas que permitan garantizar su inclusión en el bienestar colectivo. En riesgo todas y todos los jóvenes, no sólo los más pobres, a quienes urge dar educación sexual y no sólo becas.
Argumenta que la propuesta original de redoblar esfuerzos de las instituciones que integraron el Gipea resulta improcedente y agrega un “pero con las modificaciones pertinentes que realizó la Cámara de Diputados hasta lograr su aprobación. Como ya fue referido, el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales 2018-2024, serán los instrumentos rectores con las definiciones que presenten sobre la manera como llevarán a cabo las dependencias este relevante trabajo interinstitucional. Y no se sabe cómo. La ENAPEA también advirtió que las niñas menores de 15 años frecuentemente llegaron al embarazo como producto de abuso y violaciones, ambos temas no tocados por las y los legisladores, ni por la autoridad de la SEP.
La problemática personal, familiar y social que representa el embarazo adolescente, ha dado lugar a políticas públicas que atienden de manera interinstitucional los diferentes ámbitos de intervención: educativo, jurídico, laboral, de salud, entre otros. El respeto y ejercicio de los derechos humanos, dicen las y los diputados “nos compromete como país a realizar todos los esfuerzos posibles para asegurar la educación sexual y salud reproductiva. En este sentido, es importante la continuidad de las acciones a través de un programa de trabajo para la administración 2018-2024, cuyas líneas y metas logren los objetivos propuestos. La meta establecida para el año 2030 es erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 50 por ciento la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años”.
Y se regresa la preocupación 5 años. “En este marco, es relevante que la SEP desarrolle estudios que profundicen en los factores que predisponen a las adolescentes a embarazos a temprana edad. Importante también es impulsar programas inclusivos y pertinentes culturalmente que mejoren las condiciones de vida de los adolescentes y, con ello, les permita tomar mejores decisiones de vida y valorar el momento de la maternidad con la mayor y mejor información disponible”, como partiendo de cero.
Lo más grave, aun existiendo datos oficiales y constatados, los que presentó nuestro querido Carlos a INMUJERES, hace cosa de cuatro meses, la Cámara tomó como dato bueno un artículo publicado en periódico El País: “Embarazo adolescente en México: un problema alimentado por la inequidad”, publicado el 25 de febrero de 2019.
Dice: México tiene la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes de todos los países miembros de la OCDE: 62 embarazos por cada mil son de niñas y adolescentes. Pese a que entre los años 2000 y 2006 se logró una reducción de más de 8 por ciento, entre 2007 y 2012 el incremento llegó casi a 15 por ciento.
También señala que el embarazo adolescente es la causa principal de mortalidad en niñas entre los 15 y 19 años en el mundo, 90 por ciento de las muertes ocurren en países en vías de desarrollo, como México y el resto de Latinoamérica, y la mayoría de éstas son prevenibles. Pero la preocupación por esta problemática parte también de las tasas elevadas de abortos clandestinos y de la falta de conocimiento para buscar apoyo e iniciar control prenatal.
No obstante este desvarío y falta de visión global. Hasta ahora las otras dependencias del gobierno federal, simplemente no han respondido al exhorto, que modificado y todo, sí tomó en cuenta la gravedad de este problema, que afecta a todas las adolescentes, de todas las clases sociales. Preocupante. Veremos.
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