La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha lanzado un firme comunicado en defensa de los fideicomisos que respaldan las prestaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), en respuesta a la iniciativa de ley aprobada por Morena y sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que busca su extinción. La SCJN argumenta que la supresión de estos fideicomisos tendría un impacto negativo en los derechos adquiridos por los empleados judiciales.
La iniciativa, que ha generado un acalorado debate en la esfera política, pretende la desaparición de 14 fideicomisos vinculados al PJF. No obstante, según la SCJN, al menos 13 de estos fideicomisos son esenciales para garantizar las obligaciones laborales y de seguridad social de las y los trabajadores del Poder Judicial.
La Ministra Norma Piña, quien encabeza la Suprema Corte, afirmó que «la extinción de los fideicomisos SÍ afecta los derechos laborales de las y los trabajadores del PJF». En particular, subrayó que al menos 6 de estos fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, tales como pensiones, vivienda, atención médica y retiro, derechos que están respaldados tanto por la Constitución como por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.
La SCJN defiende que estos fideicomisos no representan prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos por el personal del PJF que ya cumple con los requisitos estipulados en las reglas de operación de cada uno, así como por aquellos que cumplirán con esos requisitos en el futuro. Además, señala que los recursos que integran estos fideicomisos son esenciales para asegurar estos derechos adquiridos tanto en el presente como a futuro, basándose en análisis actuariales para determinar la distribución de los recursos.
La Corte subrayó que la mayoría de los beneficiarios de estas prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos son el personal operativo del PJF, que representa más del 60% de su plantilla. Por lo tanto, la extinción de estos fideicomisos no solo afectaría a los trabajadores, sino que también limitaría la capacidad del PJF para brindar un acceso efectivo a la justicia, lo que tendría un impacto negativo en la sociedad en su conjunto.
Además de los fideicomisos que cubren obligaciones laborales y de seguridad social, la SCJN señaló que existen otros fideicomisos que atienden necesidades específicas de operación, como el fideicomiso para el «Desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal». Estos recursos se utilizan para financiar la implementación de reformas constitucionales y legales, como la reforma laboral y la suscripción de tratados internacionales, como el T-MEC, en asuntos relacionados con la justicia federal.
Finalmente, la Suprema Corte enfatizó que la administración de los fideicomisos es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas. La información sobre los fideicomisos está disponible al público y puede ser consultada por cualquier persona interesada en conocerla.
La SCJN concluyó su comunicado señalando que «los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros» y que ninguno de los 14 fideicomisos contiene recursos destinados a dichas prestaciones. Los fideicomisos, según la Corte, están diseñados para cubrir gastos relacionados con las funciones inherentes a las personas magistradas y juezas, como brindar apoyo para contar con un lugar de residencia cuando cambian de adscripción, en cumplimiento de las necesidades de la judicatura.
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