Por Alejandra Del Río
En México parece que la definición de “traición a la patria” depende menos de los hechos que del color del partido al que pertenezca el acusado.
Mientras la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha sido sometida a un intenso escrutinio por el operativo que permitió desmantelar un narcolaboratorio en la sierra de su estado, un caso por el que la FGR le abrió investigaciones por una posible invasión de competencias federales, acusando a la gobernadora de permitir la ingerencia de las agencias extranjeras en nuestro país y una y otra vez hasta la Presidenta de la República ha acusado a la Gobernadora Campos de literal -Traición a la Patria-
Mientras el gobierno de Chihuahua sostiene desconocer la participación de agentes extranjeros en el operativo, alegando que únicamente se les informó de la participación de autoridades estatales y del Ejército, en el mismo, un trabuco que ha dado para horas de retórica mañanera y para distraer a la opinión pública del caso Rocha Moya, otro de los “hermanitos” incómodos de López Obrador que pareciera estar bajo el manto protector de la Presidenta.
Por que el ser sospechosa de auxiliar a que se desmalentara un narcolaboratorio donde participaron al parecer al menos dos agentes norteamericanos que fallecieron desafortunadamente en un accidente esa misma noche, es traicionar a la patria… auxiliar y proteger narcos no lo es.
Tan es así que en un nuevo revés a doña Claudia, se filtraron audios donde la Gobernadora Morenista de Baja California Marina del Pilar Ávila ofrece colaborar con el gobierno norteamericano con información hasta del gabinete de seguridad de su estado para tratar de librar los cargos por los que hace más de un año Estados Unidos le revocó la visa tanto a ella como a quien entonces era su esposo, Carlos Torres.
Al conocerse estos audios donde una Gobernadora en funciones está buscando poco menos que ser testigo protegido del Gobierno de Estados Unidos, cuya autenticidad, en cuanto a la voz y a que corresponden a una conversación privada, fue reconocida por la propia gobernadora, la Presidenta decidió mirar para otro lado, minimizar el contenido de los audios y defender a Marina del Pilar, así que recapitulando, casi vender información privilegiada y confidencial de su estado y vayan a saber de que más… no es traición a la patria si eres Morenista con un buen padrino.
El mensaje ha sido contundente para Chihuahua: cualquier colaboración que pudiera interpretarse como una cesión de facultades o una intervención extranjera se presenta como un atentado contra la soberanía nacional.
La dirigencia nacional de Morena y sus legisladores, exigen juicio político a Maru Campos para poder procesarla penalmente si la FGR presenta una acusación y le han exigido que solicite licencia al cargo mientras avanzan las investigaciones, el paquete completo de alienación política y desprestigio personal a lo Morena, sin tener pruebas de su participación, simplemente por que necesitaban un distractor para el desastre que representa para su partido su falta de control sobre la acusación a los peces gordos Morenistas de Sinaloa que se estaba apenas cocinando en ese momento político.
Sin embargo, cuando el nombre es Marina del Pilar, las cosas parecen cambiar diametralmente, entonces sale la maquinaria del partido en el poder a minimizar hechos que la misma gobernadora confirmó, diciendo que solo estaba tratando de recuperar su visa y llegan incluso a sugerir que presente cargos contra los periodistas que liberaron dichos audios por cualquier cantidad de delitos que van desde daño moral, hasta espionaje.
Si para ellos el simple señalamiento de cooperación con autoridades extranjeras de Campos basta para hablar de traición, ¿por qué las conversaciones con supuestos intermediarios de agencias estadounidenses de Marina del Pilar se minimizan como un asunto administrativo?
Y ahí surge la pregunta incómoda, la soberanía nacional no puede ser un argumento de uso selectivo.
No puede invocarse con toda su fuerza cuando gobierna la oposición y desaparecer cuando las dudas recaen sobre un integrante del partido en el poder.
Porque si realmente existiera una investigación seria por parte del gobierno de Estados Unidos contra cualquier servidor público mexicano, el país tendría derecho a conocer la verdad. Y si no existe, también tendría derecho a que cesen las especulaciones mediante información clara y verificable.
La justicia no puede depender del partido político, la defensa de la soberanía tampoco.
Lo verdaderamente peligroso para una democracia no es que existan investigaciones o cuestionamientos. Lo preocupante es que el mismo hecho reciba calificativos radicalmente distintos dependiendo de quién aparezca en la fotografía.
Eso sí sería una auténtica traición: no a un gobierno, sino al principio de igualdad ante la ley que debería regir a toda República.
