Javier Peñalosa Castro
Triste conmemoración la del 105 aniversario de la Revolución Mexicana, desplazado de la fecha más próxima a su celebración en el calendario cívico para dar paso al malhadado Buen Fin, tan lejano de los ideales de la lucha armada de 1910.
En un entorno de claudicación y pérdida de prácticamente todos los logros de este sangriento episodio de nuestra historia, que costó más de un millón de vidas, en ámbitos como el de la defensa del patrimonio nacional, la educación pública y de los derechos de los trabajadores, poco hay que celebrar.
Los gobiernos de cuño neoliberal que detentan el poder desde hace casi 40 años han propiciado la degradación de los sindicatos, la liquidación de empresas estatales que buscaban la autosuficiencia alimentaria y la regulación del mercado de productos agropecuarios con instituciones como Banrural, la Conasupo, la Productora Nacional de Semillas, los Almacenes Nacionales de Depósito y las agroaseguradoras, así como el control de sectores estratégicos como el petróleo, la electricidad, la aviación, los ferrocarriles, los puertos y aeropuertos, obras de infraestructura como puentes y carreteras y un interminable etcétera.
El salario mínimo pierde su último amarre
En el ámbito laboral, se anuncia esta semana que termina que el Congreso dio el primer paso para desvincular al salario mínimo del pago de multas, prestaciones y otras obligaciones legales, y se ofrece que ello permitirá que las remuneraciones al trabajo sean más
justas.
Durante los últimos 40 años el ingreso de los trabajadores ha sido pulverizado por sucesivas catervas de gobernantes voraces. Hoy la fuerza laboral está sometida a las modernas tiendas de raya en que se han convertido los créditos bancarios, con el cobro de intereses leoninos que los convierten en impagables, en tanto que vemos desaparecer derechos como las pensiones para jubilados, viudas, huérfanos y personas incapacitadas para trabajar, y atestiguamos la agudización de la falta de garantías en el empleo y el desmantelamiento de instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit y el Fovissste.
En otras circunstancias —y en otro país— el anuncio de que se libera el salario mínimo debería ser motivo de alegría y de esperanza en que los trabajadores más explotados y empobrecidos al fin puedan recibir la justa retribución a la que legalmente tienen derecho.
Sin embargo, estamos en México, y está visto que, a dos años de que la legislación laboral de avanzada que incorporaba nuestra Carta Magna cumpla un siglo de vida, muchas de sus disposiciones son hoy letra muerta.
¿Último régimen de la Revolución o primero del neoliberalismo?
La violación sistemática de los derechos laborales y la pulverización del poder adquisitivo de los salarios empezó en las postrimerías del sexenio de José López Portillo y se ha mantenido a ciencia y paciencia de los gobiernos que hemos padecido desde entonces a la fecha, incluidos los dos periodos en que el PRI cedió las riendas al PAN antes de volverlas a arrebatar.
José López Portillo decía que el suyo había sido el último gobierno de la Revolución. En los hechos, fue el primero en que la pandilla neoliberal ejerció el poder, luego de la entronización de Miguel de la Madrid y su equipo en el manejo de las finanzas públicas, en la supersecretaría de Programación y Presupuesto.
Desde ahí, Joseph Marie Córdova Montoya y su pupilo, Carlos Salinas de Gortari, hacían y deshacían en materia de finanzas públicas, luego de que a la otrora poderosa Secretaría de Hacienda se le habían limitado sus facultades a la recaudación y a la persecución de los causantes menores.
De la desaparición del poder adquisitivo
Durante los últimos años, nuestros gobernantes se han encargado de reducir prácticamente a cero el salario mínimo. En 1973 éste era suficiente para el mantenimiento de una familia, y aun en los ochenta, durante la época de los pactos de Miguel de la Madrid, alcanzaba para adquirir 31 de los 34 productos incluidos entonces en la “canasta básica”. y aunque hoy sólo alcanza para que una persona se transporte y mal coma, es aún el tope al deben sujetarse los ingresos laborales de millones de mexicanos.
Lo de la “desindexación” del salario (en cristiano, dejar de tener la cifra oficial de inflación como referencia para su revisión) suena bien. Desgraciadamente lo que debemos esperar es que en diciembre la nefasta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos vuelva a las andadas —con la certeza de que sólo afectará a los trabajadores de menores ingresos— y apruebe de nueva cuenta un salario de hambre sin afectar otros rubros hasta hoy ligados a este indicador económico.
Urge un salario remunerador
Actualmente el microsalario es de 70 pesos con 10 centavos, que multiplicados por los 30 días que tiene un mes da 2,103 pesos. Como ya lo hemos dicho antes, simple y sencillamente esta retribución miserable no alcanza siquiera para que una sola persona pague renta, transporte y alimento. Mucho menos para atender las necesidades básicas de una familia, tal como está consagrado este derecho en la Constitución.
Hasta ahora el político más atrevido ha sido Miguel Mancera, quien habla de llevar el minisalario a 86 pesos. Si bien se agradece la buena intención de un aumento de 25%, para que los sueldos mínimos cubrieran las necesidades elementales de una familia, por lo menos se tendrían que quintuplicar.
Lo que procede, pues, es convocar a un análisis serio de cuál debe ser un salario que permita adquirir al menos los artículos de la canasta básica y, con base en la “desindexación”, luchar por todos los medios para que éste se haga realidad.
Al fin que soñar no cuesta nada.
