Ricardo Del Muro / Austral
El más reciente intento gubernamental para restablecer la paz en Tila, uno de los municipios indígenas más pobres y conflictivos de Chiapas, ha sido la firma de un pacto entre los tres principales grupos en pugna, el pasado 13 de marzo, pero la tregua sólo duró diez días, porque este miércoles apareció un video donde aparecen hombres armados, auto identificados como Frente Comunitario Indígena, que no apoyan el acuerdo y demandan la restitución de 130 hectáreas.
Según el pacto entre ejidatarios, autónomos y pobladores, suscrito en días pasados en las oficinas de la Secretaría de Gobierno y Mediación, se acordó “no realizar acciones que causen molestias, amenazas, evitar la iniciativa de acciones que vayan en contra de la paz o bien reacciones a la provocación, fomentando un clima de gobernabilidad y paz”.
Sin embargo, este miércoles se difundió en las redes sociales un video en donde aparece una treintena de hombres encapuchados con armas de alto calibre, acompañados por mujeres y niños campesinos. En su mensaje señalan que no confían en el pacto de civilidad, “porque en estos días siguen las detonaciones de armas de fuego dentro del ejido Tila y las corporaciones militares no actúan en contra de los delincuentes”.
El conflicto en Tila ha provocado el desplazamiento de miles de personas. En junio de 2024, la Fiscalía de Chiapas informó que 4 mil 187 habitantes fueron “rescatados” tras una semana de violencia que dejó al menos dos muertos y numerosas viviendas y vehículos incendiados.
Sin embargo, otras fuentes indican que el número de desplazados podría ser mayor. Algunos cálculos estiman entre 10 mil y 12 mil personas refugiadas en albergues oficiales y domicilios particulares principalmente en Yajalón y en otros municipios cercanos como Tumbalá, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas e incluso en Tuxtla Gutiérrez.
En su origen, los enfrentamientos en este municipio, ubicado en el norte de la sierra de Chiapas, se iniciaron por un conflicto agrario, donde el pueblo chol del ejido de Tila fue afectado en 1980 por el despojo de 130 hectáreas de su territorio que fueron ocupadas de manera inconstitucional por el Ayuntamiento municipal de Tila.
Desde 2005 el municipio de Tila ha sido escenario de un enfrentamiento entre ejidatarios (propietarios indígenas de las tierras comunales) y pobladores (poseedores de títulos de tierra a través de un acuerdo de compra – venta).
Sin embargo, este conflicto jurídico degeneró en una guerra entre grupos armados, producto del paramilitarismo que en 1995 promovió el gobierno de Ernesto Zedillo en Chiapas para enfrentrar a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Está documentada la historia de Tila como centro de operación del grupo paramilitar Paz y Justicia, fundado por el ex alcalde y ex diputado priista Samuel Sánchez Sánchez que está preso desde hace 15 años en el penal de El Amate, pero en los últimos años los paramilitares mantuvieron un bajo perfil al ser protegidos por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en este municipio encabezó Limberg Gregorio Méndez, quien mantuvo el control de la presidencia municipal desde 2008, es decir, cinco administraciones.
En este municipio también se ha organizado un grupo de ejidatarios que están adheridos al Consejo Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 11 de septiembre de 2021, hubo una enfrentamiento intercomunitario en Tila que dejó un saldo de cinco muertos y 20 lesionados cuando un grupo de indígenas choles, autondenominados “ejidatarios autónomos” llegaron desde diversas comunidades y a balazos tomaron el control de la cabecera municipal, alegando que ésta estaba en poder de miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, ligados a la presidencia municipal.
Los acontecimientos violentos en Tila llegaron a la conferencia mañanera del viernes 14 de junio de 2024, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los pobladores a la reconciliación para resolver un asunto que “más allá de lo judicial, tiene solución en la cuestión social, en la que también las iglesias pueden ayudar al diálogo”.
En efecto, se trata en su origen de un conflicto agrario, donde el pueblo chol del ejido de Tila promovió un juicio de amparo (259/1982), el 14 de abril de 1982, ante el juzgado primero, el cual fue resuelto 26 años después de su presentación, el 16 de diciembre de 2008, concediendo el amparo al ejido de Tila y ordenando al Ayuntamiento de Tila, al gobernador, al Congreso local y al Registro Público de la Propiedad, la restitución inmediata de las tierras al ejido Tila y la cancelación de todo tipo de escrituras que las privatizaran.
La abogada Magdalena Gómez en un artículo sobre el conflicto agrario de Tila (La Jornada, 18 de junio de 2024), señala que el Estado recurrió a toda clase de argucias para sustentar la imposibilidad física y material de cumplir con la sentencia, por lo que procedía la indemnización por estas tierras. Los ejidatarios choles insisten hasta hoy en que al restituírselas, ellos entrarían en una negociación con quienes ocupan las tierras. Hasta la fecha, el conflicto agrario no ha sido resuelto. RDM
