Por Aurelio Contreras Moreno
El fiasco del operativo realizado en la ciudad de Culiacán el pasado jueves fue revelador en muchos sentidos.
En primer lugar, dejó al descubierto lo que en realidad ya era claro desde antes: no existe una estrategia real y coordinada dentro del Gobierno Federal para combatir a la delincuencia. Si algo quedó evidenciado es que quienes toman decisiones fundamentales en el tema de la seguridad, como la de capturar a un capo del narcotráfico, no tienen idea de dónde están parados ni la magnitud del problema que enfrentan.
¿O qué esperaban que iba a pasar cuando detuvieran a los hijos del narcotraficante más poderoso del mundo, cuyas redes financieras y de combate permanecen intactas aun cuando él se encuentre en una cárcel en los Estados Unidos? ¿Que se resignaran? ¿Que decidieran de pronto respetar la ley? ¿Que se asustaran por los regaños de sus abuelitas?
Era completamente previsible una respuesta como la que se dio en Culiacán. Sin embargo, las autoridades del gabinete de seguridad creyeron que con un puñado de soldados bastaba para someter a criminales sanguinarios y dotados con una enorme capacidad de fuego, y que no era necesario utilizar la inteligencia –en todos los sentidos del término- para neutralizarlos antes de lanzarse a una aventura suicida.
La responsabilidad de lo que es a todas luces un gigantesco fracaso y de haber puesto en riesgo la vida de cientos o miles de personas en Culiacán es de quienes decidieron actuar en semejantes condiciones de precariedad estratégica. Uno de ellos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo –quien inexplicablemente sigue en su cargo-, además de todo lo anterior, mintió descaradamente a los ciudadanos cuando en su primer parte de hechos afirmó que las fuerzas armadas respondieron a un ataque y que, casi de casualidad, se encontraron a los hijos de “El Chapo” Guzmán.
Como se sabría después –luego de horas de desinformación-, la intención siempre fue detener a Ovidio e Iván Archibaldo Guzmán, contra quienes existen órdenes de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos. Esto último explica también la intensidad de la violencia con la que respondieron los narcos, al grado de amenazar con la matanza de civiles que obligó al gobierno a recular y dejarlos en libertad, comprometiendo con ello la viabilidad misma del Estado, pues desde ese momento se le enseñó el camino a la delincuencia organizada para hacer lo que le venga en gana.
El otro responsable sin duda es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en lugar de asumirse como comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, prefirió continuar con su agenda política y se incomunicó durante un vuelo de dos horas a Oaxaca. Cuando volvió a estar disponible para tomar decisiones, ya no tenía alternativas, estaba acorralado y hubo de capitular, provocando con ello una crisis institucional y, lo más grave quizás, una humillación que ha causado gran indignación, particularmente, entre las fuerzas castrenses.
El viernes pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional circuló un video con imágenes de la refriega en Culiacán en el que asegura que el “ejército, marina, policía y Guardia Nacional cumplieron con su misión en Sinaloa. Soportaron durante horas el fuego, dieron protección a la población civil, abrieron caminos, quitaron bloqueos, respondieron a los enfrentamientos, defendieron sus instalaciones cuando el narco las atacó. Cumplieron con responder a las agresiones, cumplieron con detener al hijo del ‘Chapo’, cumplieron con retenerlo y abrir paso tras más oleadas de disparos”.
“Cumplieron aun cuando se supo de un ataque masivo a la unidad habitacional donde viven las familias de los militares, pese a eso siguieron al frente. Los militares y marinos, así como los policías, hoy se están jugando la vida, hoy lo apostaron todo por todos. En ellos no recae la deshonra, ellos no tienen por qué bajar la cabeza, ellos sí tienen motivo para ver de frente a su pueblo, ver a su gente a los ojos y decirles que ellos sí cumplieron con su deber”, sentencia la Sedena en un mensaje directo, durísimo y, por ende, altamente preocupante por sus implicaciones.
El Presidente justificó el fracaso del operativo en Culiacán con su mismo discurso de predicador evangélico de siempre, asegurando que la “doctrina” de su gobierno es “la hermandad, la no violencia y el amor al prójimo”.
Mientras dice eso, durante lo que va de su sexenio han sido asesinadas más de 29 mil personas y 2019 es el año con más homicidios del que se tenga registro, con más de 26 mil, según los datos dados a conocer este mismo domingo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y eso que lo que le “preocupa” a este gobierno son las “vidas”.
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