El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Más allá de las gravísimas consecuencias políticas que traerá la evidente extracción, detención y enjuiciamiento del mítico barón de la droga, Ismael “El Mayo” Zambada, quedó demostrado el fracaso de la estrategia de abrazos y no balazos de la 4T, por lo que la nueva administración tendrá que implementar un programa de seguridad pública y combate al crimen organizado eficiente basado en el uso legítimo de la fuerza, la inteligencia para la prevención del delito, el regreso de las tareas de seguridad a los civiles y recuperar la gobernabilidad en estados y municipios donde las autoridades legales fueron desplazadas por grupos delictivos. La paz y tranquilidad social debe regresar al país.
El cada vez más confuso episodio de la captura de dos capos del narcotráfico por parte de las agencias estadounidenses evidenció que para los gringos el combate a los cárteles no es cuestión de soberanías, dada la desconfianza que tienen en las policías y ministerios públicos de México; quedó clara la carencia gubernamental de un eficaz sistema de inteligencia y la connivencia de políticos y agentes del orden con los criminales, amén de la intervención de las mafias en los asuntos públicos de las entidades federativas, por el momento.
El capo de tutti capi, que durante más de cuatro décadas asoló al país con violencia y distribución de estupefacientes, también mediaba en la política interior de Sinaloa e incluso contaba con un cuerpo de seguridad integrado por policías estatales. El “gobernador” niega cualquier relación con los cárteles de su tierra, pero la terca realidad siempre se impone; la estrategia de comunicación de la 4T se basa en rechazar lo evidente y a ella se acoge el mandatario, pero no puede desmentir la entrevista y posterior conversación que sostuvo, testigo de por medio, con el periodista Salvador García Soto, a quien le confesó que para llegar al cargo buscó el apoyo de los cárteles y su expresión sincera “no nos hagamos pendejos, así son las cosas por acá”.
Las consecuencias políticas de este fenómeno pronto se sabrán, pero queda claro que la Casa Blanca ya no puede consentir la connivencia, omisión, complacencia, permisividad, protección o ignorancia del gobierno en temas que afectan a la sociedad americana. Por lo que en el nuevo sexenio se debe contar con una política pública de combate al crimen organizado, y no solo por atender a los gringos que enfrentar un problema serio de salud pública y de seguridad nacional, sino porque proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos es función primigenia de todo Estado moderno; es urgente devolverle al mexicano la paz y tranquilidad social.
Resulta un argumento falaz sostener que con el supuesto ataque a las causas sociológicas del fenómeno, se acabará con el narcotráfico o la delincuencia común; no todos los pobres roban, se enrolan como sicarios o venden droga; el problema es estructural y requiere de un nuevo pacto social basado en el desarrollo económico y la generación de oportunidades para la población, además de hacer vigentes los valores morales y sociales.
Pero ello llevará años y generaciones, por lo que en el corto plazo es fundamental contar con la voluntad política de reconocer que se ha perdido la gobernanza y para ello es necesario romper las ligas entre políticos actuales y el narco poder, limpiar las filas policiacas de malos elementos corrompidos por el dinero de la criminalidad y abandonar la peregrina idea de que sicarios y narcotraficantes abandonarán sus actividades ilícitas porque se los pide el gobierno. El nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, una vez recobrada la gobernabilidad, deberá hacer uso legítimo y proporcional de la fuerza, no con base en las bayonetas, sino a través de estrategias policiales.
Será acción prioritaria que la dependencia deje de ser una entelequia y cuente con un estado de fuerza civil suficiente para la prevención del delito y preparada para reprimir a los delincuentes; esa prevención debe contar con el apoyo de los servicios de inteligencia, no para la investigación -función privativa de las fiscalías-, para adelantarse a probables hechos delictivos, una vez cometido el ilícito es tarea del ministerio público y su policía la investigación.
Es un buen principio que la inteligencia para la prevención pase a una policía federal y deje de ser un centro de espionaje controlado por militares; la unidad de inteligencia financiera debe formar parte de la nueva SSPC.
El país más seguro no es el que tiene más policías y patrullas, sino donde se cometen menos delitos, y para disminuir la incidencia delictiva es indispensable la prevención. Reducir los estragos del crimen organizado y de la delincuencia común también debe ser un tema de seguridad nacional para el próximo gobierno. Los mexicanos merecen que regrese la paz y la tranquilidad social.
