Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Mientras la atención mediática y política en Veracruz está concentrada en los procesos electorales de las 212 presidencias municipales y, en menor medida, en el del Poder Judicial a nivel federal y estatal, hay otra elección en vísperas en la que también hay muchísimos intereses en juego: la de la rectoría de la Universidad Veracruzana.
Está por concluir el periodo de cuatro años para el que fue designado como rector Martín Aguilar Sánchez. Tiempo que podría considerarse como totalmente perdido, en el cual la casa de estudios fue ninguneada, humillada, gracias a la sumisión de quien tenía la responsabilidad de defender sus intereses.
Para nadie es un secreto a estas alturas que Aguilar Sánchez llegó a la rectoría de la Universidad Veracruzana con el beneplácito del régimen morenista, que vio en este académico de modesta imagen y muy cortos alcances el perfil perfecto para tomar el control de la casa de estudios, en sintonía con su estrategia de colonizar todas las instituciones para colocarlas dentro de una sola línea política y de pensamiento. Algo que, para una universidad, es monstruoso, valga decir.
Gris, apocado, negado para las relaciones públicas, Aguilar Sánchez se pasó los cuatro años de su gestión encerrado en la torre de rectoría, mientras la UV no solo perdía protagonismo entre las instituciones de educación superior del país –públicas y privadas-, sino que también veía vulnerado su derecho a contar con el presupuesto que le corresponde constitucionalmente y que, de manera sistemática, los gobiernos de la mal llamada “cuarta transformación” –el de Cuitláhuac García y ahora el de Rocío Nahle- le negaron.
A lo más que llegó Martín Aguilar fue a animar a la comunidad universitaria a unirse a una campaña para presionar al gobierno y que se le otorgara el 4 por ciento del presupuesto total del estado al que tiene derecho, por estar así establecido en la Constitución de la entidad. Llamado al que los universitarios respondieron positivamente, pero que no fue correspondido por sus autoridades, que una vez que la petición fue olímpicamente ignorada –ya sabemos que a la “4t” le vale eso de que algo esté establecido en la ley-, simplemente doblaron la cerviz. A lo mucho, hicieron un berrinche y patalearon, como sucedió en diciembre pasado. Y de ahí no pasó.
No fue éste el único fracaso de Aguilar Sánchez. Ni siquiera pudo sacar adelante la iniciativa de nueva Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana con la que pretendió, además, beneficiarse, al quitar el “candado” del límite de edad para asumir la rectoría que, si la norma se aplica a la letra, le impediría postularse para un segundo periodo.
No solo no prosperó la iniciativa, sino que después de llevarla al Congreso del Estado, tuvo que retirarla dos semanas después, una vez entrada en funciones la actual Legislatura, cuando él mismo solicitó que se suspendiera el proceso a fin de que se hiciera entrega del anteproyecto cuando el Poder Legislativo “lo estime pertinente”.
La última “gracia” del rector fue rechazar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz (CEDHV) por violencia laboral contra una empleada de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la propia casa de estudios.
La CEDHV notificó a la Universidad Veracruzana la Recomendación 004/2025, en la que señala que se violaron el derecho a la integridad personal, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y el derecho al trabajo de la denunciante, apuntando a maltratos cometidos en su contra por la titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UV, Jaqueline Jongitud Zamora –cercana a Martín Aguilar-, a quien el organismo atribuyó “conductas hostiles” durante el desempeño de las tareas de la quejosa.
La respuesta de la UV fue en el mismo tono usado por los propagandistas de los gobiernos de Morena: bravucón, pendenciero y descalificador, arguyendo que la CEDHV violó el ámbito de su competencia al “invadir” la esfera de la autoridad laboral jurisdiccional, pero sin negar que los hechos hayan sucedido tal como los denunció la víctima. Lo que resulta más que irónico, pues el plan de trabajo que Martín Aguilar presentó hace cuatro años a la Junta de Gobierno para ser rector tenía como eje ¡los derechos humanos!
Muchas otras “perlas” pueden rescatarse del fallido rectorado: desde la prohibición a los alumnos y docentes de la Facultad de Derecho a organizar foros de debate en sus instalaciones sobre el bodrio de la reforma judicial, hasta el reconocimiento que el propio Martín Aguilar entregó personalmente al todavía en ese momento gobernador Cuitláhuac García como “inventor”, en el colmo de la abyección. Y para lo que le sirvió.
En el mes de mayo próximo, la Junta de Gobierno de la UV emitirá la convocatoria para la renovación de la rectoría. En agosto, se anunciará la designación y el 1 de septiembre será la toma de protesta del rectorado para el próximo cuatrienio. Mientras algunos académicos comienzan a hacer públicas sus aspiraciones por acceder al cargo, Martín Aguilar pretende aferrarse a la silla aduciendo que el “candado” del límite de edad es discriminatorio y, por tanto, saltárselo.
Asimismo, en la Junta de Gobierno se acomodan las piezas para controlar la sucesión rectoral y que quien quede al frente de la UV, siga siendo pro-4t. Por lo pronto, se acaba de integrar a Ernesto Isunza Vera, académico que en diciembre de 2022, fue designado por la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, como parte del comité para evaluar a los aspirantes a integrarse al Instituto Nacional Electoral (INE). En esa función, mostró parcialidad en favor de los perfiles afines a Morena y al obradorismo.
La pregunta es, ¿permitirán los universitarios otro rectorado como éste?
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