José Alberto Sánchez Nava
“La situación en Texcaltitlán debe servir como catalizador para un cambio profundo en las políticas de seguridad pública. La restauración de la paz y la confianza en las instituciones debe ser una prioridad ineludible para el gobierno y la sociedad en su conjunto.”
1.-En el convulso panorama de la seguridad en México, los sucesos recientes en Texcaltitlán, Estado de México, han sacudido la estabilidad de la convivencia entre los pobladores y los grupos del crimen organizado. Una situación donde la violencia y la desesperación se entrelazan, creando un escenario preocupante que exige una profunda reflexión sobre las políticas de seguridad pública del país.
2.-El increíble grado de desparpajo que tiene el crimen organizado al citar a los pobladores de Texcaltitlán en un espacio público para notificar la imposición de un “derecho de piso” a los campesinos por metro cuadrado de terreno destinado a la siembra, desencadenó una reacción desesperada entre los pobladores. Hartos de la inacción gubernamental, se han visto compelidos a defenderse violentamente contra estos grupos delictivos, desencadenando una peligrosa dinámica de confrontación directa y desesperación social.
3.-En el contexto de este complicado escenario, surge la importancia del papel fundamental del pacto social, respecto del objeto los impuestos o contribuciones en cualquier Estado moderno, lo cual se conoce como garantía de legalidad tributaria. El producto de estos recursos es el motor que impulsa la maquinaria gubernamental, financiando servicios esenciales como la seguridad pública, la justicia, la educación y la salud. Sin embargo, la percepción de los ciudadanos sobre la efectividad de estos rubros se ha visto severamente afectada por la falta de resultados tangibles en todas las meterías pero esencialmente en seguridad.
4.-La seguridad pública y jurídica son derechos fundamentales que todo ciudadano mexicano debería disfrutar, protegidos por la Constitución Mexicana. No obstante, el gobierno actual ha enfrentado críticas significativas respecto a la eficacia de sus políticas en estos ámbitos. La estrategia de “Abrazos, no balazos” ha sido el distintivo del presidente López Obrador en la lucha contra la delincuencia organizada, generando debate sobre su eficacia.
5-Esa política en materia de seguridad pública en la que la justificación de los abrazos como estrategia única de solución, ha dejado a las actividades productivas en manos de la delincuencia, provocando extorsión y cobros ilegales que afectan a agricultores, empresas y comerciantes. Esto ha llevado al cuestionamiento del pacto social que sustenta a México como nación. Los ciudadanos pagan sus impuestos confiando en un Estado que garantice seguridad, justicia y estabilidad, pero la falta de respuesta gubernamental ha llevado a que los pobladores se vean obligados a pagar, además, un “derecho de piso”.
6.-En esta encrucijada, se vulneran artículos constitucionales fundamentales que son la base de la democracia y el Estado de derecho. El artículo 16, que garantiza la seguridad jurídica, y el artículo 17, que establece el derecho a la justicia pronta y expedita, se ven desafiados en una situación donde el gobierno enfrenta el riesgo de desatender el Código Penal Federal al permitir la proliferación del crimen sin una respuesta efectiva.
7.-La situación en Texcaltitlán es un reflejo agudo de un problema mayor en la sociedad mexicana: la seguridad se ha vuelto una tarea pendiente. La reconstrucción del tejido social, la revisión de las políticas de seguridad y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos son imperativos urgentes para revertir esta peligrosa espiral de violencia y desconfianza en las instituciones. La reconstrucción de un pacto social sólido es vital para el bienestar y la prosperidad de México como nación.
8.-México se encuentra bajo la lupa internacional en materia de derechos humanos porque se resiste a una realidad criminal que conlleva a la necesidad de una reevaluación profunda y acciones decididas, ante la punta del iceberg reflejada en Los sucesos en Texcaltitlán los cuales son un grito de alerta que exige una reevaluación urgente de las estrategias de seguridad pública en México. La violencia y la desesperación de los pobladores frente al embate del crimen organizado revelan una grave carencia en la protección que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos.
9.-La estrategia de “Abrazos, no balazos” planteada por el gobierno ha generado polarización y cuestionamientos profundos. Aunque abordar las causas estructurales de la criminalidad es crucial, la falta de una respuesta contundente ante las amenazas del crimen organizado ha provocado que los ciudadanos se sientan desprotegidos y obligados a defenderse por sí mismos. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre atender las causas subyacentes de la delincuencia y garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley de manera efectiva. La seguridad pública y jurídica no pueden ser comprometidas en aras de una única estrategia. Se requiere un enfoque integral que combine medidas preventivas, acciones contundentes contra la criminalidad y la reconstrucción del tejido social.
10.-El desafío no es únicamente enfrentar la violencia en un solo lugar, sino replantear y reforzar la seguridad en todo el país. Esto implica una cooperación interinstitucional, involucración ciudadana y una estrategia de largo plazo que busque soluciones integrales, no meramente reactivas. La situación en Texcaltitlán debe servir como catalizador para un cambio profundo en las políticas de seguridad pública. La restauración de la paz y la confianza en las instituciones debe ser una prioridad ineludible para el gobierno y la sociedad en su conjunto.
