MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
El pasado fin de semana, en ciudades de Puebla, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, además de la capital del país, miles de ciudadanos se manifestaron contra los feminicidios en México. Ayer se sumaron voces de partidos políticos y del Congreso de la Unión.
¿El motivo? Protestar y condenar el homicidio de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, a manos de un individuo conductor de un vehículo de la empresa Cabify, a la que el gobierno del estado de Puebla canceló el registro para prestar el servicio de taxi.
Cree la administración de Antonio Gali que con esa decisión demuestra decisión de combatir a un delito que es recurrente en prácticamente todo el país.
Malo, además que personajes como Arturo Rueda, un sedicente periodista que se dedica a denostar, bajo contrato, en medios de comunicación de la capital poblana, haya acusado a la joven Mara de haber tenido la mitad de la culpa en su asesinato.
Malo, porque ese tipo de voces prohíjan crímenes, porque inducen a la impunidad. ¿Le pagó Cabify para ese insultante “defensa”? No lo dudaría, bajo el conocimiento de los antecedentes de este dizque doctor en comunicación que hace un par de años pretendió extorsionar a un aspirante a diputado federal. Un asunto que fue público.
Pero, vaya, el asesinato de la joven estudiante indigna como indignan otros que han ocurrido en el país.
Hay una recurrente demanda de entidades y municipios para que emita la Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres en sus localidades.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emite medidas y recomendaciones, como la divulgación de la alerta, una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública que logre la recuperación de espacios públicos; y reforzar los patrullajes preventivos.
Este mecanismo lleva implícito el hecho de que las mujeres viven en el miedo, porque se han convertido en centro de la violencia que camina de la mano de la impunidad. ¿Quién las protege? ¿Una declaratoria? ¿Un discurso encendido desde la tribuna pública que lleva más mensaje político que de humanidad?
Reitero: tal vez el gobierno de Tony Gali –así le dicen sus cuates y simpatizantes al gober poblano—cree que con cancelar el registro a la empresa aporta una solución al problema. Pueril aportación que no se acompaña de medidas de seguridad en zonas consideradas de alto riesgo para las mujeres, que carece de los mecanismos de vigilancia y su divulgación.
Pero el caso de Gali es similar al de otros gobiernos de entidades en las que el feminicidio es asunto cotidiano. Y no se trata de acusar al que tiene mayores índices y de ponderar al que tiene menores atentados contra las mujeres.
No, aquí se trata de la aplicación de las leyes, de que las autoridades, los agentes del ministerio públicos, los cuerpos policiacos atiendan denuncias de mujeres agredidas e investiguen los asesinatos con la prioridad del caso, porque éste es un mal endémico prohijado por la impunidad.
Porque se sabe de la renuencia insultante de agentes del Ministerio Público y de policías que tuercen el brazo a la ley de forma tal que la afectada, la denunciante, de víctima pasa a ser victimaria.
Los laberintos de la prevención e impartición de la justicia son, de suyo, retorcidos que cualquier reforma no ha logrado encauzarlos hacia su responsabilidad de proteger al ciudadano.
Mire usted, la empresa Cabify adujo que cumplió con todos los requisitos y que el presunto homicida de la joven Mara, identificado como Ricardo, tiene una constancia de antecedentes no penales. Pero esa no es garantía de antecedentes mentales torcidos. En fin, el caso es que se debe aplicar la ley.
Porque, el del feminicidio es un insulto a la sociedad, una afrenta, crímenes que indignan tanto como, reitero, la pasividad de la autoridad que incurre en la complicidad cuando a las familias de mujeres ultimadas, violentadas, ultrajadas, las obligan a transitar por los caminos de la burocracia que termina, incluso, por culparles del delito, como ha hecho el sedicente periodista Rueda.
Ayer, la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados refirió que el caso de Mara se une a los 82 casos semejantes, documentados por organizaciones civiles en lo que va de 2017, y a los 58 reconocidos oficialmente por la Fiscalía General de Puebla. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Gali?
¿Qué hizo el gobierno de Rafael Moreno Valle?
Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de dicha Comisión, dijo que el caso de Mara evidenció que México sigue siendo un país inseguro para las mujeres.
“Mara Fernanda no debió ser asesinada. No podemos guardar silencio. No debemos permitir omisión de las autoridades responsables de procurar y administrar la justicia. Hoy más que nunca nos negamos a seguir viendo cómo siete mujeres diariamente pierden la vida por el delito de feminicidio en nuestro país”, dijo la legisladora priista.
Advirtió que las mujeres no descansarán hasta que la violencia contra de ellas pare. Exigió a las autoridades del estado de Puebla que este crimen sea investigado como feminicidio, juzgado con perspectiva de género y se condene al responsable en los mismos términos.
No, no sólo es un tema de las mujeres. Es un tema de todos; es un asunto de leyes y de voluntad política para combatir a la impunidad. Porque nadie debe vivir con miedo. Conste.
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