Eduardo Sadot
Si las autoridades estadounidenses encontraran recursos provenientes del narcotráfico o del tráfico de fentanilo infiltrados en estructuras partidistas mexicanas, las consecuencias políticas y jurídicas serían inéditas. La sola posibilidad de que un partido pudiera ser considerado un instrumento al servicio de organizaciones criminales colocaría a sus dirigentes en una situación extremadamente delicada ante la comunidad internacional.
Basta investigar los recursos y las propiedades de quienes ejercen el control real de los partidos para seguir la ruta del dinero. La embajada de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia cuentan con herramientas suficientes para rastrear transferencias, bienes, empresas, llamadas y relaciones financieras. No necesitarían demasiado para identificar movimientos irregulares si estos existieran.
En materia jurídica existe la figura del “Beneficiario Controlador”, entendida como la persona que, directa o indirectamente, controla y se beneficia de una organización o institución pública o privada. Los partidos políticos no están exentos de este análisis. En México, con frecuencia, las dirigencias partidistas se han convertido en auténticos centros de poder económico y político.
Los partidos en el gobierno gozan de una ventaja que la oposición no posee: administran el aparato del Estado y disponen de enormes recursos públicos a través de presupuestos, programas y prerrogativas. Por ello, difícilmente requieren recursos externos para sostener su operación política ordinaria. Precisamente esa circunstancia obliga a preguntarse si esas estructuras partidistas podrían ser utilizadas para mezclar recursos de procedencia legal con dinero de origen lícito, generando condiciones que ameritarían una investigación por posibles operaciones de lavado de dinero.
No es un secreto que algunos partidos funcionan como franquicias electorales, que prestan sus siglas a cambio de posiciones políticas y dinero, mientras las campañas se sostienen con recursos públicos. La pregunta obligada es: si las fortunas acumuladas por algunos dirigentes partidistas pueden justificar plenamente el origen de su enriquecimiento.
Cuando existen riquezas difícil de explicar, cualquier autoridad encargada de combatir el lavado de dinero tiene la obligación de investigar y descartar, o en su caso acreditar, cualquier vínculo con actividades ilícitas, incluido el tráfico de fentanilo.
Hamás y Hezbolá, además de organizaciones armadas, son también partidos políticos declarados terroristas por diversos países. La lección es clara: ninguna organización política está exenta de ser investigada.
La ruta del dinero siempre termina revelando quién se beneficia de él. Y si algún día se demostrara que recursos provenientes del narcotráfico financiaron estructuras partidistas o enriquecieron a sus dirigentes, México enfrentaría uno de los mayores escándalos políticos de su historia.
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