- Gobierno limosnea inversión que no cae, pero gasta más y pide prestado
Miguel A. Rocha Valencia
En el discurso mentiroso de la economía oficial no tienen medida, ya que por un lado nos hablan de subejercicios por casi 170 mil millones de pesos, pero las cifras reales nos plantean un sobregasto de 474 mil millones de pesos, lo cual se traduce en mayor deuda que, en lo que va del sexenio, acumula casi dos billones de pesos más a la heredada del profeta de la 4T.
En medio de esa realidad planteada por los resultados de Hacienda al primer trimestre del año y a la crisis en el tema de seguridad que enfrenta al gobierno de la 4T con el sistema de justicia de Estados Unidos, se convocó a la enésima reunión de la jefa del Ejecutivo con empresarios encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial, el de Hombres de Negocios, Coparmex y demás invitados a Palacio Nacional.
La petición oficial fue la misma: inviertan, se les darán todas las facilidades y mediante decretazos se pondrán límites a las acciones del SAT, de la UIF y hasta se eliminarán decenas de trámites para facilitar la colocación de dinero en proyectos de todo tipo, especialmente en energía, servicios, infraestructura, telecomunicaciones y ferrocarriles.
Hay proyectos para escoger y con decretos presidenciales, dicen en Palacio, se garantiza la seguridad del dinero y las utilidades, aunque claro, todo es propiedad del gobierno de la 4T y los privados, nacionales o extranjeros, “solo” deben poner el dinero. Así de fácil pinta la ecuación.
Con ello se cumplen ya casi año y medio desde que se ofrecieron, primero, 70 mil millones de dólares y luego se escaló a 300 mil millones de inversión para todo el sexenio. Los empresarios pedían únicamente que no se realizara la reforma judicial, incluyendo el tema de los amparos; se mantuviera la independencia de los organismos autónomos, en especial las comisiones que servían de árbitros entre gobierno y sector privado, como las comisiones de energía, telecomunicaciones, competencia económica y, desde luego, transparencia.
Se les dijo que sí, pero en los hechos todas las reformas ordenadas o dejadas en su testamento político por el profeta de la 4T se realizaron; se desaparecieron los autónomos que se convirtieron en parte del gobierno y, como “bonete”, se realizó la reforma electoral y se cristalizó la reforma y elección judicial que adicionó al Ejecutivo a toda la judicatura, Suprema Corte y, en suma, la aplicación de la justicia. Claro, también se dio discrecionalidad al SAT y la UIF para actuar sin orden judicial para congelar cuentas, obviamente del sector privado.
En su momento, lo mismo José Medina Mora y Juan José Sierra Álvarez, líderes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex, han comentado luego de la foto con la presidenta que estarían vigilantes del comportamiento de las autoridades judiciales respecto a la inversión, los amparos y todo lo relacionado con las inversiones, y lo que han visto no les agrada.
Y aunque hoy en su presencia se firmen decretazos para disminuir trámites o se acoten acciones del SAT y la UIF, la inseguridad que priva en el país y de la cual son víctimas los empresarios, que calculan ese costo en más de 124 mil millones de pesos, de los cuales 67 mil millones se van en medidas preventivas para protegerse del pago de piso, asaltos y extorsiones, de las que fueron afectadas el 27 por ciento de las unidades productivas (empresas).
A ello se suma la tramitología que hoy pretenden simplificar dentro del Plan México para atraer inversión.
Pero eso no es todo el tema: la inseguridad jurídica sujeta a decisiones políticas es lo que preocupa a los dueños del dinero, ya que todo queda en unas solas manos, el Ejecutivo, y sin que existan organismos de arbitraje como los organismos autónomos, de queja o amparo, con un poder Judicial de acordeón y sometido a Palacio Nacional.
Por eso la inversión privada sigue en picada; la confianza empresarial cerró 2025 e inició 2026 en “terreno pesimista, acumulando meses por debajo del umbral de los 50 puntos” en una escala del 0 al 100, como lo marca la encuesta (EMOE), reflejándose la mayor debilidad en el gasto de capital y la inversión, donde la incertidumbre del T-MEC se acentúa con los recientes eventos.
De ahí la caída en la confianza del consumidor que se transforma en pesimismo, tan es así que la economía y la inversión volvieron a disminuir.
La inversión fija bruta en enero bajó a -1.1 por ciento, que acumulado a los últimos 17 meses se sitúa en un -10 por ciento. El tema es que no se detiene la baja, como tampoco la 4T mide sus decisiones sin importar el daño que está causando a los mexicanos.
Es como en el caso de Rocha Moya, no les importa el daño al país, no lo quieren entregar.
