Autoridades de Estados Unidos mantienen indagatorias contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con información publicada por el semanario ZETA de Tijuana.
La publicación aseguró que confirmó la existencia de las investigaciones con fuentes en ese país. Según el reporte, Carlos Torres Torres, ex esposo de la mandataria y ex coordinador de Proyectos Estratégicos en el Gobierno de Baja California, también estaría bajo investigación.
Al consultar a uno de sus contactos en Estados Unidos sobre los posibles delitos relacionados con las indagatorias, ZETA obtuvo la siguiente respuesta: “Varios (delitos), por eso siguen más investigaciones para decidir cuáles cargos para llevar contra ella, su esposo (sic) y otros, con vínculos a crimen organizado”.
La información fue difundida después de la circulación de cuatro audios en los que Ávila habla sobre reuniones con agencias estadounidenses y sobre la posibilidad de cooperar con autoridades a cambio de inmunidad.
En una de las grabaciones difundidas la semana pasada se plantea a la gobernadora firmar un testimonio de colaboración para coadyuvar con autoridades de Estados Unidos. El audio más reciente, difundido el 11 de agosto, contiene una referencia a una posible investigación penal.
En esa conversación, un intermediario advierte a Ávila que se trata de “la última oportunidad” para evitar cargos o sanciones. Cuando la gobernadora pregunta cuáles son los delitos que presuntamente podrían imputársele, un supuesto agente estadounidense responde que no puede discutirlos.
Posteriormente, el supuesto agente le recomienda consultar a su abogado para preparar una “proffer letter”, documento mediante el cual una persona bajo investigación puede ofrecer información a fiscales estadounidenses bajo determinadas condiciones de protección.
“Mi consejo es que se reúna con su abogado y prepare lo que se conoce como una carta proffer”, habría señalado el agente, según la transcripción publicada por ZETA.
El semanario sostiene que esa recomendación constituye un indicio de que existe una investigación en curso. Sin embargo, el Gobierno de Baja California rechazó que la gobernadora haya firmado una “proffer letter”.
Jesús Romandía, secretario particular de Ávila, declaró al semanario que “no firmó ningún documento”. La gobernadora, por su parte, ha señalado que desconoce si existe una investigación en su contra y ha sostenido que los audios fueron sacados de contexto.
El caso tiene como antecedente la revocación de la visa de turista de la mandataria. Desde mayo, Ávila informó que autoridades estadounidenses habían tomado esa medida y la atribuyó entonces a un asunto administrativo.
Después comenzaron a circular las cuatro grabaciones de conversaciones atribuidas a la gobernadora con un intermediario y supuestos agentes estadounidenses. Ávila también ha declarado que cayó en una “emboscada psicológica” y señaló al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez como responsable de la situación.
