POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.
El 23 de septiembre es una fecha recurrente en México por hechos “cargados de futuro” como gustan decir algunos politólogos con grados académicos en el extranjero.
En esta ocasión el asunto fue la detención del presidente municipal en funciones de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano. La detención tuvo sustento en la comisión de los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado, ambas figuras amparadas por el código Pena de Oaxaca.
La Fiscalía del estado vinculó al edil con “Los Cromos”, célula del CJNG en el Istmo de Tehuantepec. Otro detenido en el operativo fue un individuo conocido como “La Parca” operador criminal de dicho cártel. Adicionalmente a Sánchez Altamirado la Auditoría Superior de la Federación lo había señalado por un faltante mayor a los 100 millones de pesos.
Es decir, no contento con desviar carretadas de dinero público, el depuesto alcalde de militancia morenista, había ido en contra del principio de separar la economía de la política, incursionando en la extracción ilegal de recursos a la de por sí sufrida ciudadanía juchiteca.
El tamaño de la afrenta política se revela en el hecho que el congreso local tramitó la desaparición de poderes en apenas 12 minutos. Prueba fehaciente que, en México, cuando se quiere se puede.
Los hechos en el istmo permiten el estudio serio de como un municipio desciende a la ingobernabilidad tras la infiltración del crimen organizado y demoliendo la legitimidad política de un partido y de las propias instituciones de gobierno. Pero también deja en claro que cuando se alinean la voluntad política con las capacidades gubernamentales el Estado Mexicano interviene de manera eficaz.
Aquí conviene hacer una pausa y explorar la figura constitucional de la desaparición de poderes. La explicación corta es, los congresos locales y el federal tiene la facultad de relevar de su encargo a autoridades electas como presidentes municipales, alcaldes incluso gobernadores. El artículo 29 de la constitución prevé esta medida “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”. Lo abogados podrían señalar que este artículo no está reglamentado, es decir no hay una ruta normativa clara sobre como llevar a cabo la suspensión, particularmente una entidad federativa. Aquí solo expongo que es posible anular a autoridades electas que fehacientemente sean omisas o de plano coludidas con el crimen organizado.
Los hechos en Juchitán, Oaxaca, generan la pregunta. ¿Puede ocurrir lo mismo en otras partes de México en donde los cárteles, grupos, mafias y clanes, tiene asolada a la población y neutralizada a la autoridad local? ¿Es posible desaparecer poderes en Sinaloa, Michoacán o municipios específicos en esas y otros estados de la República? ¿Ameritan lugares como los municipios de Guasave o Salvador Alvarado aplicar la recete de Juchitán? Guerrero tiene municipios en donde el crimen organizado controla rutas, cuerpos policiales y hasta el desarrollo de las elecciones. Pensemos en Chilapa, Coyuca o Zihuatanejo, en donde hay evidencia documentada sobre la subordinación de las autoridades a grupos delincuenciales. Una de las lecciones de Juchitán es que no se requiere de masacres o actos extremos de violencia para que el nivel superior de gobierno actúe.
Otra lección, no menos relevante, es que se llevó a cabo en contra de autoridades del propio partido gobernante. No sólo eso, la prensa local da cuenta de que Miguel Sánchez Altamirano era un “operador político clave y aliado del gobernador Salomón Jara”. Aquí se rompe la idea, nacida del riesgo político asociado, de que aplicar la desaparición de poderes sólo es viable para autoridades de la oposición.
La presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de institucionalizar la desaparición de poderes en un mecanismo institucional que apuntale la gobernabilidad sin la percepción de que se trata de una medida nacida de la improvisación o el poder dictatorial.
Porque Juchitán ha demostrado que el crimen no distingue colores partidistas o ideologías políticas. Queda el precedente que los pactos criminales se pueden romper, anular las redes de protección y las estructuras electorales que apuntalan un poder fáctico nocivo hasta el extremo. También queda para el futuro que los gobernadores, si son responsables, deben actuar sin cálculos políticos ante la detección de infiltración criminal en las estructuras gubernamentales.
Juchitán es un mensaje nacional, cuando el narco captura un municipio, el Estado Mexicano en su conjunto tiene las herramientas necesarias para recuperarlo. Igualmente, queda la percepción de un espejo incómodo para el gobierno federal, porque construir la necesaria credibilidad en materia de seguridad, la presidenta Sheinbaum tiene que romper con operadores territoriales cuestionados, aunque sean de su propio partido.
Los votantes mexicanos debemos estar pendientes del desarrollo de este caso. Tanto por lo que revela de Juchitán y Oaxaca en particular, como de lo que puede anticipar para el país. Un nuevo modelo de intervención estatal en territorios en donde el crimen organizado ha sustituido al gobierno es posible. El gobernador Salomón Jara ya puso la mesa. La pregunta es si la presidenta Claudia Sheinbaum está a la altura de este desafío.
SAGRADAS ESCRITURAS: Efesios 5:15-16
Miren, pues, con cuidado, cómo se comportan; no como imprudentes sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos.
