Moisés Sánchez Limón
¿Recuerda usted aquella pretensión de evitar que Enrique Peña Nieto rindiera protesta en el cargo de Presidente de la República el 1 de diciembre de 2012?
Ese día el Palacio Legislativo de San Lázaro fue literalmente blindado para evitar que integrantes de supuestas organizaciones anarquistas y contestatarias, irrumpieran en el salón de plenos y boicotearan la ceremonia oficial en la que rindió protesta el mexiquense Peña Nieto.
Por la mañana de ese 1 de diciembre, los rijosos anarquistas lanzaron bombas molotov contra los muros de acero tendidos en valla, se enfrentaron con elementos de seguridad pública, unos federales y otros de la fuerza de tarea de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal.
Por las redes circularon fotos realmente aterradoras de civiles supuestamente lesionados por la fuerza pública. En las gráficas aparecía un sujeto prácticamente descerebrado, otro en un tris de quedar tuerto o ciego. Y, en fin, la mecánica de acusar a la naciente administración de Peña Nieto como represora.
La idea maquiavélica era desbarrancar a Peña Nieto descalificándolo dentro y fuera de México y acusándolo de asesino, así, con esa facilidad irresponsable de quien tira la piedra y esconde la mano. Nadie cuestionó ni alzó una denuncia contra el gobierno encabezado por Marcelo Ebrard Casaubón; cuatro días después asumiría Miguel Ángel Mancera el relevo en la jefatura de Gobierno de la capital del país.
¿Dónde están esos “gravísimos” lesionados del 1 de diciembre de 2012? ¿Dónde los dizque anarquistas reprimidos ese día y en las posteriores jornadas de violencia en la Ciudad de México?
Porque, recordemos, en cada movilización lo mismo del SME que de la CNTE o de Jubilados y Pensionados y luego de cuanta demanda requiriera las calles para manifestarse, estaban esos grupos plenamente identificados como agitadores.
Cuando se actuó contra ellos, el perredismo que ha sido mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, legisló a todo vapor enmiendas al Código Penal con el fin de evitar que aquellos delincuentes detenidos in fraganti, es decir, en pleno robo y actos de vandalismo y agresiones a policías fueran liberados porque los delitos que cometieron se aligeraron y resultaron no graves.
¿No fue grave que pretendieran quemar a un policía bancario? ¿No fue grave la golpiza que propinaron a otros uniformados, entre ellos mujeres policías.
No hubo voluntad política para detener a esos grupos de evidente fisonomía delictiva. Así, a lo largo de esta administración ha habido un exceso de impunidad hacia esos delincuentes que, lo mismo en Guerrero que Oaxaca, Chiapas y Michoacán, por citar a las entidades que en mayor grado han enfrentado vandalismo y la ruptura del Estado de Derecha a manos, literalmente, de verdaderos delincuentes que se ostentan como maestros o luchadores sociales.
Sin duda alguna, la autoridad tiene identificada a la mano que mueve la cuna, a esos operadores políticos que utilizan a criminales bajo sueldo, para meter miedo a la sociedad mexicana y que olvide los asuntos torales del país porque lo primero es ponerse a salvo. La integridad propia.
Y, bueno, vea usted lo que las redes sociales en manos irresponsables puedan hacer, desde crear víctimas y alertas de franca insurrección delictiva y hasta acusar a un partido político y al mismo gobierno de crear una situación de crisis para que la población opte por lo mínimo y olvide lo máximo.
¿Es capaz el gobierno de darse un tiro en el pie mediante la fabricación de rumores de desestabilización y crisis de seguridad? Es probable que haya oficiosos, pero no creo que quien ha optado por el dejar hacer y dejar pasar, hoy asuma esa estrategia de generar escenarios que requieran de la represión a secas.
Lo cierto es que más vale que haya voluntad política de los tres niveles de gobierno y, por ejemplo, en la Ciudad de México se proceda con los detenidos en esos días de la semana pasada en los que el rumor generó sicosis entre la población, incluso con aquella barbaridad del golpe de Estado.
La Procuraduría General de Justicia de la capital del país informó este domingo que un juez dictó prisión preventiva a 42 de las 178 personas detenidas la semana pasada por actos de vandalismo. Hay otros cargos que bien se pueden hacer a estos personajes que aprovecharon las válidas protestas ciudadanas para generar temor con el asalto a comercios,
Que se aplique la ley; que se proteste lo que deba ser en uso de nuestra libertad de manifestación y de expresión. Pero que no se mantenga esa postura cómplice de detener a verdaderos delincuentes y dejarlos libres en un tris por razones torcidas de intereses políticos. Con voluntad política el país puede transitar en estancos de paz, civilidad y respeto a los derechos humanos.
Lo demás implica demagogia y la admisión de ese trascendido popular de que todo es una opereta para evitar costos políticos que se reflejarán en las urnas. Conste.
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