Dado el avance de México con la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se tiene que trabajar hacia la transformación de las instituciones y en la erradicación de todas estas formas de violencia que marcan de por vida a las personas, señaló la senadora de la Angélica de la Peña Gómez.
Durante la presentación el Informe “La Cláusula de Derechos Humanos en la Modernización del Acuerdo Global entre la UE y México”, la legisladora del PRD consideró graves los señalamientos que se hacen en el documento, donde se enumeran las empresas trasnacionales asentadas en el país, por incurrir en diversas faltas relacionadas con derechos humanos.
La legisladora señaló que el obstruccionismo político del gobierno, evita reconocer la magnitud y naturaleza del problema, así como el fracaso a establecer responsabilidades a los actos cometidos por actores federales y estatales; así como del crimen organizado. También remarcó de que estamos frente a un hecho más de impunidad que afecta derechos humanos de los pueblos y comunidades y que trastoca derechos ambientales obligatorios de todas las entidades gubernamentales, privadas, nacionales o extranjeras fundamentadas en la Constitución y leyes en materia, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
El eurodiputado Josep María Terricabras, miembro del Parlamento Europeo, subrayó que en 2017 se tuvo un record de 25 mil 339 asesinatos en el país, la cifra más alta de cualquier registro, donde 98 por ciento de los casos no ha sido resuelto, de acuerdo con información del Alto Comisionado de la ONU, lo que demuestra la alta impunidad existente y que la cláusula democrática establecida en el Acuerdo Global de 1997, puesto en marcha hasta el año 2000 no ha funcionado.
Entre las propuestas que presentó, precisó que se debe crear un Consejo asesor de expertos internacionales en derechos humanos y de la lucha contra la impunidad, que oriente al gobierno de México sobre las estrategias a emprender para acabar con la impunidad y evaluar de manera rigurosa la situación de los derechos humanos en el país.
Hacer un reconocimiento a la labor legítima de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, pues son el colectivo más afectado por los efectos del acuerdo comercial; incorporar el derecho a la consulta libre y a la tierra; así como la aprobación del Tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos y que sea ratificado por la Unión Europea y México.
Planteó formar un mecanismo que permita realizar informes periódicos sobre el impacto del Acuerdo en materia de derechos humanos, así como vincular el tratado comercial modernizado a algún organismo mixto –sociedad civil y gobiernos de la UE y de México–, cuyas decisiones tuvieran carácter vinculante.
La directora de Incidencia Nacional e Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Olga Guzmán Vergara, señaló que se busca convertir a la cláusula en un instrumento verdadero de supervisión y cooperación; y recordó que las instituciones de procuración e impartición de justicia han demostrado que no son capaces de investigar y sancionar crímenes y violaciones graves a derechos humanos, la mayoría cometidos o permitidos por sus propios funcionarios.
En el Diálogo político de la Unión Europea y México, recomendó establecer un mecanismo de cooperación internacional de carácter técnico, financiero y político contra la impunidad en el país, con el respaldo de la UE.
Añadió que la cláusula no debe seguir representando un principio orientador obsoleto de un acuerdo de concertación política y comercial entre dos socios estratégicos, sino que se traduzca en mecanismos concretos, exigibles y participativos que ayuden a uno de sus principales aliados a terminar con la impunidad y brindar paz y seguridad, justicia, memoria a sus connacionales.
Eugenia López, integrante del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, indicó que el Acuerdo Global avanza en la protección de los derechos de los inversionistas sin ser acompañado de los garantías de derechos humanos de la población.
Las cláusulas de inversión, dijo, no cuentan con las obligaciones o salvaguardas de derechos humanos para inversionistas extranjeros en México ni para los mexicanos en la UE, y agregó que se limitan las posibilidades de hacer políticas de competencia libre o de derechos humanos para el beneficio de la población.
Asimismo, apuntó que el mecanismo de resolución de controversias permitirá que inversionistas extranjeros pongan en riesgo la posibilidad de legislar a favor del bienestar común en México y la UE.
Aunado a esto, precisó que se pone a México como blanco de una ola de demandas por inversionistas de Europa; y resaltó que el Acuerdo debe contemplar el reconocimiento público a través de medidas de promoción y protección de la labor legítima de las personas defensoras de derechos humanos o informantes, en especial en quienes trabajan temas de tierra, territorio, medio ambiente, megaproyectos y abusos corporativos.
