Joel Hernández Santiago
En lo de la Suprema Corte de Justicia había turbulencia. Todo presagiaba un final fuera de serie. Fuera de orden y hasta anticonstitucional. Por todos lados se comentaba y se tomaba partido. Pero predominaban las críticas y reproches a una decisión sin fundamento en ley.
Y todo mundo metía su cuchara para opinar, y está bien; es derecho que está en ley expresar opiniones, como también está en ley ser respetuoso con las opiniones ajenas, siempre y cuando no rebasen los límites legales.
La idea fue impulsada desde Palacio Nacional y, de hecho, un día después de la jornada electoral de junio, el Gobierno federal promulgó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que incluía el artículo décimo tercero transitorio, conocido como “Ley Zaldívar” porque prolongaba por dos años más el periodo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual legalmente termina en 2022.
Inmediato muchos calificaron esta medida como de intromisión de un Poder en otro Poder. Acusaron sometimiento. Pero sobre todo acusaron la inconstitucionalidad de esta decisión, toda vez que violaba los artículos 97 y 100 constitucionales, según señalaban diversos juristas que exaltaban las fallas legales de esta decisión. La contraparte argumentó que no era reelección, sino “ampliación de mandato”.
Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena y Ricardo Monreal, coordinador de senadores, defendían la propuesta presidencial. “Sería un aliciente para que el ministro culmine la reforma al Poder Judicial, ‘le pese a quien le pese’ espetaba Mier, En tanto que Monreal subrayaba su defensa a Zaldívar.
El Presidente de México dijo: “Yo entiendo que es constitucional. Mi opinión ya le externé, es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto, y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma al Poder Judicial, entonces si ya se están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial para combatir el nepotismo, si ya se aprobaron esas leyes y para llevar a la práctica se requiere que el actual presidente dos años más porque es garantía de que de esos cambios se van llevar a la práctica que se van a realizar, yo estoy de acuerdo”.
Arturo Zaldívar, obviamente se encontraba entre la espada y la pared. Los impulsos externos lo impactaban. Pero sobre todo la propuesta salida de la vaguedad sometía al Poder Judicial y presionaban para que se consolidara esta decisión.
El ministro Zaldívar sabía que no era una decisión que convenía a la solidez de un Poder que se supone independiente, uno de los tres poderes que constituyen a la República mexicana. Sin embargo asimismo coqueteó con la posibilidad. No impuso el no rotundo a esta propuesta y no argumentó las razones legales que establecen al término legal del mandato.
Aun así, a modo de tablita de salvación, anunció que pondría a consideración de sus pares ministros en la SCJN el estudio de la posibilidad de terminar en 2022 o en 2024. Y hubo una espera para conocer la resolución del Pleno de la Corte, aunque –quizá a sabiendas de cuál sería esta resolución– de pronto el 6 de agosto dio a conocer su decisión, ya de grado o por fuerza, pero bienvenida:
“Concluiré mi mandato como presidente de la SCJN el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por compañeras y compañeros ministros” … “No cederemos como no hemos cedido a los intereses internos y externos, a los grupos de poder que tenían atrapado al Poder Judicial y que ahora pretenden regresar a esas prácticas.” Y así el discurso.
Pero lo que es cierto es que la decisión de concluir su mandato en 2022 produjo alivio. Era un ambiente tenso y turbulento dentro del Poder Judicial de la Federación.
Un ambiente innecesariamente puesto en esta condición pero que ahora, luego de la decisión del Ministro presidente, conduce a reconocer que, por encima de decisiones supremas, hay leyes supremas y poderes supremos que deben ser revalorados y respetados.
Que no puede haber ni se debe permitir –mucho menos por sus actores políticos o ministeriales o legisladores- que un poder predomine frente a los otros poderes. Que no haya quienes lo permitan y se sometan. Que no haya quienes desde ahí obedezcan y callen. Al obedecer y callar someten a los mexicanos a este grado de silencio que no se merece y no se pidió.
Que no haya súbditos ni inconscientes de su responsabilidad. Que cada uno asuma que está ahí por mandato ciudadano y no por voluntad propia o individual. Que el respeto al derecho ajeno es la paz, según escriturara el muy ‘mencionado’ por estos días, Benito Juárez.
Que cada uno de los poderes de la República tiene su propia vida y su propia responsabilidad nacional e histórica Que son poderes distintos que hacen a un sistema político asumido y firmado, constitucionalmente aceptado y obligado.
Si: Falta mucho por logar esa total independencia de poderes. Es cierto. Lo dificulta la abyección de muchos. El interés y la ambición política de tantos.
Pero un indicio del valor político y republicano es lo que hemos visto apenas: el ministro presidente Arturo Zaldívar concluirá su mandato cuando lo dicta la ley. Bien por él. Bien por la división de poderes.
