Redacción MX Político.- Ante la declaración de inconstitucionalidad del decreto que el presidente López Obrador hizo para considerar varios proyectos y obras de infraestructura como asuntos de seguridad nacional e interés público, el centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) consideró positiva la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la protección al medio ambiente frente a megaproyectos.
De acuerdo con CEMDA la decisión del día de ayer del poder Judicial “favorece el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones ambientales de la ciudadanía, beneficia la aplicación del marco jurídico ambiental y permite la protección del medio ambiente frente a la implementación de los megaproyectos”.
Ante la decisión de la SCJN sobre la inconstitucionalidad del Acuerdo por el que se declaran como de seguridad nacional y de interés público los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno Federal, se corrige una situación de excepcionalidad constitucional.
Además, CEMDA considera que “obliga a las autoridades del Ejecutivo federal en la materia ambiental a aplicar lo establecido en el marco jurídico ambiental”.
El 22 de noviembre de 2021, el poder Ejecutivo publicó el Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.
De acuerdo con CEMDA, desde entonces se comenzaron a autorizar proyectos sin someterlos al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), a pesar de afectar directamente al medio ambiente y a los derechos humanos.
Ante tales omisiones, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental solicitó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos la información sobre los dictámenes y permisos otorgados por la Semarnat basados en el acuerdo del 2021.
Sin embargo, la Semarnat se negó a dar tal información. Por tanto, CEMDA presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El INAI resolvió revocar la respuesta de la Semarnat para que proporcionará la información solicitada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental el 7 de diciembre de 2022.
“Tras la decisión emitida ayer, 18 de mayo, por la Suprema Corte, esperamos que las dependencias del Ejecutivo federal, responsables de ejecutar la política del sector ambiental, cumplan con sus obligaciones establecidas en el marco jurídico, tanto de transparencia, como de respeto a la legislación ambiental y al PEIA, como instrumento fundamental de la política pública que analiza y evalúa los impactos ambientales de obras y actividades que pueden ocasionar impactos negativos al medio ambiente de manera PREVIA a que éstos inicien”, señala el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
jpob
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