José Alberto Sánchez Nava
1.-Recientemente ha surgido una preocupante situación en la que el presidente de México ha hecho uso indebido de su poder al exponer públicamente información fiscal de empresas relacionadas con la senadora Xóchitl Gálvez. Este acto pone de manifiesto una violación flagrante al secreto fiscal y a la privacidad, generando interrogantes sobre el ejercicio del poder y el cumplimiento de los principios legales por parte de las autoridades.
2.-En una sociedad democrática, es importante que la ciudadanía tenga muy en claro a partir de la formación escolar básica, que la libertad de expresión y el derecho a disentir son derechos fundamentales que corresponden a los ciudadanos. Mientras tanto, los gobernantes tienen la responsabilidad de ejercer su mandato basado en el principio de legalidad, lo cual implica fundamentar y motivar sus acciones de acuerdo con la Constitución y las leyes que rigen el cargo que ostentan. Es por ello, que por el bien de México no debemos permitir que las nuevas generaciones normalicen el sistemático quebrantamiento del orden público por parte de los gobernantes, afectando a las instituciones y a los derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos, mediante la vulneración a nuestra Constitución y de las leyes que de ella emanan.
3.-En ese sentido, la ciudadanía debe tener conciencia de los derechos humanos que le asisten en sus personas y actividades, de ahí la importancia de que esa información debe iniciar con los jóvenes estudiantes desde la educación básica, quienes lejos de cualquier adoctrinamiento de sumisión política, estarán conscientes de que sus datos personales y hasta sus calificaciones son parte de su privacidad como un derecho humano, es decir, el derecho a la intimidad o vida privada es un derecho fundamental de fuente constitucional e internacional que se refiere al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de la familia y de los amigos más próximos) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos), y al derecho a que los demás no se inmiscuyan en ellas sin su expreso consentimiento.
4.-Es así, que la anterior apreciación debe extenderse a la población económicamente activa de tal forma que quede claro, que en el marco del ejercicio del poder, el secreto fiscal y la privacidad son aspectos esenciales que garantizan la confidencialidad y protección de la información financiera y tributaria de los contribuyentes. Estos principios tienen como objetivo preservar la privacidad de los ciudadanos y fomentar la confianza en el sistema fiscal, y en consecuencia en la justicia administrativa así como la judicial.
5.-Por ello, cuando nos sumergimos en la lectura del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, podemos comprender que el secreto fiscal implica una responsabilidad por parte de las autoridades tributarias. Esta responsabilidad consiste en mantener una reserva absoluta en relación con toda la información proporcionada por los contribuyentes o recopilada por dichas autoridades en el ejercicio de sus facultades de verificación. Sin embargo, El derecho de protección de datos personales no es absoluto, en tanto admite excepciones por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Como ejemplo a esas excepciones es Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes y exigibles, o que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados etc. Es decir que no se encuentren dentro de los lineamentos y obligaciones tributarias y que por ende tengan el status de contribuyentes incumplidos.
6.-Es importante destacar que el secreto fiscal no es un privilegio que beneficie únicamente a los poderosos o a las élites, sino un derecho fundamental que protege la privacidad de todos los contribuyentes. Su aplicación debe ser equitativa y justa, sin discriminación alguna. Los gobernantes tienen la responsabilidad de ser ejemplos de transparencia y respeto a la ley, y no deben utilizar su posición para atacar o vulnerar la privacidad de cualquier ciudadano.
7.-En última instancia, el fortalecimiento del estado de derecho y la promoción de una cultura de respeto a la privacidad y al secreto fiscal son fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa en México. Los gobernantes deben ser garantes de estos principios, velando por la transparencia y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, sin excepción.
