Por José Alberto Sánchez Nava
“Cuando el dinero envenena, el silencio del poder condena.”
1.- Introducción
Las declaraciones de este 26 de junio de 2025 por parte de la titular del Ejecutivo mexicano —minimizando la severidad de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas— no solo son desafortunadas. Son peligrosamente irresponsables.
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa han sido señalados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) como entidades utilizadas para el blanqueo de capitales provenientes del tráfico de opioides sintéticos, como el fentanilo y el carfentanilo. No es una acusación menor. Es una advertencia grave, basada en sus usuales investigaciones multilaterales con sustento legal y testimonios protegidos.
La respuesta del gobierno mexicano fue un intento de deslinde, escudado en tecnicismos y en la supuesta falta de pruebas, ignorando la naturaleza reservada de las investigaciones estadounidenses. Como suele ocurrir, se prefirió proteger la narrativa oficial antes que enfrentar con responsabilidad la gravedad del hecho.
2.-Un golpe al corazón financiero de la nación
Lo que Estados Unidos ha revelado —y que en México se intenta minimizar desde el oficialismo— no es solo una irregularidad administrativa. Es una grieta estructural. Las rutas de dinero ilícito fluyen por instituciones que, a pesar de estar reguladas, han sido permeadas por intereses ajenos al bien público. Cuando el sistema financiero es parte de la economía criminal, se cancela toda posibilidad de justicia fiscal, transparencia comercial y gobernabilidad.
Y este caso no es nuevo en el mundo. A lo largo de las últimas décadas, diversos países han enfrentado crisis sistémicas similares, donde el lavado de dinero a través de bancos formales ha comprometido no solo la economía, sino también la estabilidad democrática.
3.-Antecedentes internacionales: cuando los bancos se alían con el crimen
El ejemplo más emblemático es el del HSBC, banco británico que en 2012 fue sancionado con 1,920 millones de dólares por el Departamento de Justicia de EE.UU. por permitir el lavado de dinero de cárteles y por operar fondos vinculados a grupos terroristas. La institución admitió haber fallado en sus controles, y el escándalo estremeció a todo el sistema financiero global.
En Letonia, el ABLV Bank fue clausurado en 2018 tras ser acusado de facilitar operaciones de lavado de dinero provenientes de Rusia, Azerbaiyán y Ucrania, lo que llevó al colapso del segundo mayor banco del país y forzó reformas a la supervisión bancaria europea.
En Suiza, el banco Credit Suisse enfrentó investigaciones en múltiples jurisdicciones por encubrir operaciones ilegales, desde sobornos en África hasta cuentas secretas de narcotraficantes. En 2023 fue finalmente absorbido por UBS, en una de las mayores crisis reputacionales del sector bancario occidental.
Cada uno de estos casos tiene una lección en común: cuando el Estado no actúa con determinación frente a las operaciones financieras ilícitas, los mercados lo hacen por él, con consecuencias devastadoras para la economía nacional y para la confianza pública.
4.-La desconfianza que paraliza la inversión
La consecuencia más inmediata del señalamiento de FinCEN es la pérdida de confianza. En el lenguaje financiero, eso significa aumento del riesgo soberano, disminución del crédito, mayor escrutinio internacional y restricción del acceso a mercados.
Si tres entidades mexicanas aparecen como actores de alto riesgo por lavado de dinero, los corresponsales internacionales restringirán relaciones, los fondos evitarán exposición en el país, y la marca “México” quedará asociada no a una economía emergente confiable, sino a un ecosistema financiero vulnerable y permisivo.
5.-El silencio cómplice del poder económico
Particularmente escandaloso es el hecho de que una de las instituciones señaladas, Vector Casa de Bolsa, pertenece a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y figura clave en el diseño de la estrategia económica del sexenio.
¿Actuará la CNBV? ¿Se investigará el papel de Romo en la toma de decisiones y en la omisión de controles internos? ¿Se sancionará al capital político involucrado o se privilegiará, como siempre, la impunidad?
Cuando los propietarios de las instituciones financieras también forman parte del poder, la línea entre la legalidad y el crimen se difumina peligrosamente.
6.-Conclusión: el momento de decidir entre simulación y Estado de Derecho
México enfrenta una encrucijada: puede negar los hechos, culpar a gobiernos extranjeros, y proteger a los suyos… o puede iniciar una revisión profunda de sus mecanismos de supervisión, fortalecer la cooperación internacional y limpiar su sistema financiero desde adentro, aunque eso implique sacrificar a figuras intocables.
Este episodio no debe pasar como un escándalo más. Es un llamado de alerta sobre la urgente necesidad de reconfigurar el pacto entre poder económico, poder político y legalidad, antes de que el país entre de lleno en una nueva etapa de economía criminal sistémica.
Porque si la banca se pone al servicio del narcotráfico, ya no solo se lava dinero: se lava también la nación.
