Joel Hernández Santiago
Todos lo sabían y nadie decía nada desde el gobierno, el que debería haber actuado para proceder en derecho y en ley.
Esto es: Muy mal la ha ido al empresario y promotor de eventos regiomontano, Raúl Rocha Cantú (55 años). Muy mal, sobre todo a partir del escándalo que se suscitó con el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el evento anual de “Mis Universe” 2025.
Todo comenzó cuando un integrante del jurado, Omar Harfouch, de nacionalidad franco-libanesa, detonó la bomba que habría de traer graves consecuencias para el copropietario de “Mis Universe”. El músico anunció que se le trató de inducir, a él y a otros integrantes del mismo jurado, para que votaran por la mexicana, porque “eso convenía al negocio”, dijo que le dijeron.
En adelante como si fuera madeja de estambre, al jalar un cabo se desató la madeja y poco a poco se han conocido asuntos que tienen que ver con la vida oculta de Rocha Cantú.
En primer lugar se le acusó de que había cometido presuntos delitos que deberían ser perseguidos por la justicia mexicana.
Esto es: Según se ha dado a conocer públicamente, y de acuerdo con los primeros informes oficiales, la orden de captura, derivada de la carpeta de investigación número 495/2025, acusa a Rocha Cantú de presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de: Narcotráfico. Huachicol (tráfico de hidrocarburos robados). Tráfico de armas.
Según los reportes, el empresario presuntamente está vinculado a diversas organizaciones delictivas -incluyendo cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Unión Tepito- a las que supuestamente habría abastecido de combustible robado y armamento.
Presumiblemente Rocha Cantú hizo pagos que iban desde 120 mil pesos hasta incluso cantidades de 2 millones de pesos para conseguir información de la Fiscalía General de Justicia y saber las investigaciones en su contra, mediante filtración de datos.
Aun así, y pese a la orden de aprehensión en contra del empresario y accionista del certamen de belleza, fuentes federales dicen que Rocha Cantú se acogió al programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República. Aún no se explica la razón por la cual consiguió este estatus y por qué podía operar sus negocios y salir del país, sin complicación ninguna.
Es claro que ahora comienza el proceso de investigación para determinar inocencia o culpabilidad del regiomontano. Y es claro que esto ha tenido consecuencias graves para quienes conocían de las presuntas actividades fuera de la ley del empresario.
Una de ellas fue la renuncia obligada del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Un personaje de la política nacional que parecía intocable por muchos años y muy vinculado al ex presidente de México, López Obrador.
Pero a la oportunidad la pintan calva y este fue el pretexto de Palacio Nacional, para deshacerse de él y poner en su lugar a un fiscal extremadamente afín a la presidencia de México. De esta “renuncia”, sus orígenes y razones hay mucho que conocer aún. Por lo pronto Gertz Manero, a sus 86 años de edad, se irá como embajador a “un país amigo”, invitado así por la presidente de México.
Sin embargo el tema central es ¿cómo es posible que quienes tienen la obligación de procurar justicia y proteger a la sociedad de delitos que le afectan no lo hubieran hecho hace tiempo? ¿Cómo es posible que una de las ramas de gobierno –aun autónoma- pudo permitir que conociendo la gravedad de los señalamientos no se actuara en ley y en derecho para realizar las investigaciones de inocencia o culpabilidad?
Si en verdad es cierto todo lo que si dice del personaje ahora sometido a escrutinio legal y público, ¿por qué es hasta que ocurrió el conflicto del evento mundial en Tailandia (21 de noviembre) cuando se conoce lo que presuntamente ha hecho un personaje que para la mayoría de los mexicanos pasaba desapercibido, era un desconocido y al mismo tiempo un empresario exitoso con luces y reflectores benévolos?
La administración de justicia en México es selectiva. ¿Cuántos casos como el de Rocha Cantú hay en el país en este mismo momento? ¿Cuántos han evadido a la justicia de 2019 a la fecha con el conocimiento de la autoridad?
¿Cuántos han generado corrupción para no cumplir con las leyes y el derecho? ¿Cuántos inocentes están en las cárceles de México por haber sido sometidos a acusaciones sin pruebas fidedignas o porque el proceso legal es interminable?
Por supuesto, para someter al imperio de la ley a cualquier individuo en México se deberá llevar a cabo procesos transparentes, justos, en ley, en derecho, sin mácula. Y cada parte tiene derecho a su defensa y el Estado tiene derecho a poner a disposición de la ley pruebas ciertas y mil veces comprobadas de lo que se acusa.
El caso de Rocha Cantú aún tiene que pasar por los procedimientos legales y judiciales antes de determinar su inocencia o culpa. No antes. Y no es sino cuando un juez lo determine cuando se deberá saber quién es este personaje, qué hizo, porqué lo hizo y con quien lo hizo.
Por lo pronto la señora Ernestina Godoy, encargada de la FGR tiene en sus manos el seguimiento del tema.
