NEMESIS
Fernando Meraz Mejorado
La iniciativa de reforma electoral, presentada por la señora Sheimbaum, será enviada al Congreso de la Unión el 2 de marzo —un proyecto que, bajo el manto de “reducir el costo de la democracia” y “transformar la representación”, parece más bien una herramienta para recortar la institucionalidad y consolidar el poder del gobierno actual.
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Se plantea un recorte del 25% en el presupuesto de órganos electorales como el INE y en el financiamiento público a partidos políticos. Aunque se presenta como podar un árbol para fortalecer sus ramas, corre el riesgo de dejar al sistema electoral desnutrido, con menor capacidad para garantizar elecciones limpias, mientras los partidos de menor arraigo quedan aún más desventajados frente al oficialismo.
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El documento propone eliminar los 32 senadores de representación proporcional, dejando a la Cámara Alta con 96 legisladores. Lo que se argumenta como simplificar un reloj para mayor precisión, en realidad reduce la pluralidad de voces en el Congreso, achicando el espacio para contrapesos a la voluntad del Ejecutivo. Aunque se mantienen los 200 diputados de representación proporcional, el cambio a votación directa en lugar de listas cerradas se presenta como abrir un canal desde la fuente hasta el hogar, pero sin marcos claros de regulación, podría convertirse en terreno fértil para la manipulación de la opinión pública por quienes dispongan de más recursos mediáticos.
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La prohibición de la reelección consecutiva en todos los cargos a partir de 2030 se presenta como un mecanismo para dejar espacio a nuevas ideas, pero su implementación a futuro parece más bien una forma de moldear el panorama político a medida de los intereses actuales, mientras se evita discutir reformas que fortalezcan la rendición de cuentas.
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Paralelamente, la prohibición de que los cargos públicos sean “heredados” por familiares se presenta como romper moldes de linaje, pero esta medida simbólica no aborda las verdaderas estructuras de poder que concentran influencias en grupos cercanos al gobierno. La prohibición del uso de bots y voces generadas por IA en campañas se argumenta como un filtro contra la desinformación, pero sin un marco claro de aplicación y sin regular el uso de recursos oficiales en la difusión de mensajes, corre el riesgo de convertirse en herramienta para silenciar plataformas alternativas.
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El acceso del INE a operaciones financieras y la prohibición de aportaciones en efectivo se presenta como un escudo contra la opacidad, pero si esta fiscalización no se extiende con la misma rigor al uso de recursos públicos para fines políticos, se convierte en una medida desigual que afecta más a la oposición. Se prometen mayores facilidades para el voto de mexicanos en el extranjero, incluyendo 8 diputados migrantes —una iniciativa que se muestra como tender un puente entre la patria y sus hijos en el exterior, pero que podría quedar como promesa vacía si no se invierte en los mecanismos necesarios, mientras se reduce el presupuesto de los órganos encargados de llevarla a cabo. La reducción de los tiempos oficiales de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios es calificada como concentrar el alimento para la conciencia ciudadana, pero en la práctica podría limitar aún más la capacidad de los partidos no gubernamentales para hacer llegar sus propuestas.
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Finalmente, el impulso al voto electrónico y la ampliación de mecanismos de democracia participativa se presenta como entregar una llave digital a la ciudadanía, pero sin garantías de transparencia tecnológica ni de autonomía en las instancias locales, podría convertirse en una forma de centralizar aún más el control político en manos del gobierno federal. En su conjunto, la reforma no parece buscar fortalecer la democracia, sino ajustarla a los intereses del poder actual —corriendo el riesgo de convertir el sistema electoral en un reflejo que solo muestra lo que quienes están en el gobierno desean que veamos, en lugar de un espejo verdadero de la voluntad de todos los mexicanos. -oOo
