Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Lo que se sabe hasta ahora de la iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión solo confirma lo que ya se esperaba: es un bodrio que significaría un retroceso histórico para el país, bajo la careta de la austeridad, que más bien sería un austericidio.
Según la presidenta, además de reducir costos, se plantea “modernizar el sistema” y “dar más poder a los ciudadanos”. Pero la realidad es que detrás de esta retórica son visibles riesgos profundos para la pluralidad política, la transparencia electoral y la democracia misma en México. Aunque lo niega, es la reentronización del partido hegemónico de Estado, al estilo del PRI de los años 40 del siglo pasado, “tetratransformado” en Morena.
Por ejemplo, la iniciativa contempla la eliminación de senadores plurinominales y una asignación de diputados que favorece a los partidos más grandes. Esto significa acabar con la representación proporcional, un mecanismo diseñado para que las minorías políticas tuviesen voz en el Congreso, y que, de aprobarse la propuesta, reduciría —si no es que desapareciera— la diversidad política.
Se habla también de reducir en un 25 por ciento el costo del sistema electoral, vía el financiamiento de los partidos y la operación del Instituto Nacional Electoral (INE). En el primer caso, aunque la austeridad suena atractiva en el caso de los partidos, muchos de ellos convertidos en franquicias familiares o caciquiles, la realidad es que se busca eliminar cualquier posibilidad de competencia contra Morena, el nuevo partido oficial, que al igual que al PRI en su momento, no le faltarán recursos provenientes del erario para hacer funcionar su maquinaria electoral, mientras que el resto quedaría reducido a su mínima expresión, una cuasi testimonial.
La reducción de la estructura del INE es algo todavía peor. La propuesta incluye la desaparición de las juntas distritales como organismos permanentes, para solo activarlas en época electoral, cortando de tajo y enterrando el servicio civil de carrera que ha permitido que el órgano electoral funcione con alta precisión desde su creación, y facilitando su colonización con operadores electorales (mapaches, pues) afines al régimen.
Y en un afán hasta suicida, se plantea también la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que ha sido el instrumento clave para dar certeza a los resultados de las elecciones durante las últimas tres décadas. Su desaparición generaría caos en cada jornada electoral, donde los resultados serían cuestionados y carentes de legitimidad tiro por viaje. Un verdadero despropósito.
Aunque se presenta como un avance en cuanto a ética política, la prohibición del nepotismo y la “herencia” directa de cargos de autoridad a familiares ya ha generado descontento incluso en las filas de Morena y sus aliados, que frenaron su aplicación legal en los últimos comicios y, en el caso de las restricciones en el partido guinda, se las saltaron postulándose por otros institutos políticos, en abierto desafío a los deseos de la “jefa” de la “4t”.
Precisamente por esto es que la iniciativa está en riesgo de ir a la “congeladora” o, incluso, de presentarse y ser rechazada. Los “aliados” de la autoproclamada “cuarta transformación”, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, han identificado plenamente que se trata de una trampa en la que su propia supervivencia estaría en un riesgo real. A pesar de que se han aprovechado y beneficiado de ella, la lógica de concentración de poder esta vez significaría un camino inevitable a su extinción.
Con era previsible, el morenato está presionando fuertemente a PT y Verde para que apoyen la reforma –sin sus votos, el oficialismo no alcanza la mayoría calificada necesaria para aprobar la enmienda constitucional-, ya sea con promesas de prebendas y negocios, o bien con amenazas de abrir cloacas que pudiesen terminar en una persecución judicial, al estilo de lo que ya hicieron con los infames Yunes para que votaran en favor de la reforma judicial. Pero hasta ahora, no los han movido de sus posiciones en contra. Tanto así, que la iniciativa no fue enviada al Congreso este lunes como se había anunciado, creando incertidumbre sobre lo que pueda pasar finalmente.
Más allá de si logran “convencer” a los “aliados” de sumarse a la iniciativa y hasta de hacerle modificaciones que los dejen tranquilos, ha quedado en evidencia la fragilidad política de Claudia Sheinbaum, que se encuentra atrapada en un laberinto que, a ciencia cierta, quién sabe si realmente sea una idea propia. Pero que ya ha provocado lo que nunca antes: una negativa y un rechazo no de la oposición, sino de tus propios “socios” en las cámaras, que se rebelaron hasta el punto de la ruptura.
Impensable, hace apenas un sexenio. Muy mala señal para ser apenas el segundo año.
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