Eduardo Sadot
La fortaleza de las Fuerzas Armadas en una democracia no radica únicamente en su capacidad operativa, sino en su legitimidad institucional.
Esa legitimidad depende de un principio esencial: su neutralidad política. El Ejército y la Marina pertenecen al Estado mexicano, no al gobierno en turno ni a una corriente ideológica determinada.
Por ello, las expresiones públicas emitidas en años recientes por altos mandos militares generaron un debate responsable, legítimo, delicado, disciplinado y discreto, interna y externamente observable por la sociedad e internacionalmente preocupante por las reacciones que provocó desde otros países. Las declaraciones de los entonces titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, utilizando conceptos asociados al discurso político de la llamada Cuarta Transformación, fueron interpretadas por amplios sectores como una ruptura con la tradicional prudencia institucional que históricamente caracterizó a las Fuerzas Armadas mexicanas.
El problema no consiste en las convicciones personales de los mandos militares, pues todo ciudadano tiene derecho a ellas. La cuestión constitucional es otra: quienes encabezan instituciones armadas permanentes deben preservar una conducta pública estrictamente institucional, evitando identificaciones discursivas o ideológicas que comprometan la percepción de imparcialidad del aparato militar frente a la sociedad y frente a la alternancia democrática.
En un régimen constitucional, la subordinación militar al poder civil es indispensable, pero esa subordinación no significa adhesión política al gobierno. Las Fuerzas Armadas obedecen a la Constitución y a las instituciones del Estado, no a proyectos sexenales, movimientos partidistas o narrativas políticas.
La discusión adquirió mayor relevancia debido a la expansión sin precedentes de responsabilidades militares durante los últimos años: seguridad pública, puertos, aduanas, aeropuertos, obras estratégicas y participación en empresas estatales, pero se sabía que “Seguridad Nacional” fue un pretexto que exponía a las Fuerzas Armadas. Aunque dichas atribuciones fueron formalmente autorizadas dentro del marco jurídico vigente, su concentración modificó de manera significativa el equilibrio tradicional entre autoridad civil y presencia militar en áreas estratégicas de la administración pública.
La preocupación democrática no radica en afirmar la existencia de una ruptura constitucional o de un “golpe de Estado” en sentido jurídico estricto. México conserva elecciones, poderes civiles y orden constitucional formal. El riesgo es más profundo y gradual: la erosión progresiva de la neutralidad política de las instituciones armadas y la posible percepción social de que éstas mantienen cercanía con un proyecto político determinado.
La experiencia histórica latinoamericana demuestra que cuando las Fuerzas Armadas comienzan a ser percibidas como políticamente identificadas con gobiernos o movimientos específicos, las instituciones republicanas se debilitan y aumenta la polarización sobre organismos que deberían permanecer ajenos a la disputa partidista.
Precisamente por ello, la prudencia política de los altos mandos no es una exigencia ideológica ni una posición opositora. Es una obligación institucional derivada de la naturaleza constitucional de las Fuerzas Armadas como instituciones permanentes del Estado.
La transición presidencial del año 2000 dejó un precedente relevante. Frente a la primera alternancia política moderna, las Fuerzas Armadas actuaron con plena institucionalidad y respeto al mandato democrático. Ese comportamiento consolidó confianza pública y fortaleció la estabilidad del Estado mexicano. Preservar esa tradición apolítica constituye hoy una necesidad democrática fundamental.
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