Eduardo Sadot
Los gobiernos se recuerdan por las obras que construyen, las instituciones que fortalecen o las crisis que dejan. Sin embargo, existe un daño mucho más profundo que rara vez aparece en las estadísticas: la fractura del tejido social.
Durante décadas, México vivió diferencias políticas intensas. Existían partidos enfrentados, campañas ríspidas y debates severos, pero la competencia terminaba en las urnas. Terminada la elección, el vecino seguía siendo vecino, el compañero de trabajo seguía siendo compañero y las familias conservaban la capacidad de dialogar aun cuando votaran distinto.
En los últimos años esa realidad cambió. Desde la más alta tribuna del país se instaló un lenguaje permanente de confrontación. El adversario dejó de ser simplemente alguien con una visión distinta para convertirse en enemigo, traidor, corrupto o integrante de un supuesto bloque empeñado en destruir al país. Esa narrativa fue repitiéndose diariamente hasta convertirse en una forma de entender la política.
La historia demuestra que toda estrategia basada en la creación constante de enemigos puede producir beneficios electorales de corto plazo, pero cobra un costo enorme para la convivencia nacional. Una sociedad dividida resulta más fácil de movilizar políticamente, pero mucho más difícil de gobernar institucionalmente.
Hoy es posible observar las consecuencias. Familias que dejaron de hablarse por razones políticas; amistades de toda la vida rotas por diferencias ideológicas; centros de trabajo donde la discusión pública genera hostilidad; ciudadanos que ya no discuten ideas, sino que descalifican personas. La desconfianza sustituyó al debate y el insulto desplazó al argumento.
Gobernar implica persuadir, no dividir. Significa conducir a una nación integrada por personas que piensan distinto, no obligarlas a verse como enemigas. En una democracia madura, la oposición no constituye una amenaza para el Estado; forma parte del propio Estado democrático.
Quizá el saldo más doloroso de estos años no sean las decisiones equivocadas de gobierno o las políticas públicas fallidas. El mayor daño consiste en haber sembrado resentimientos donde antes existían diferencias y enemistades donde antes había pluralidad.
Los gobiernos tienen la obligación de construir instituciones. Quien convierte la diferencia en odio puede ganar elecciones, pero pierde lo más valioso que posee una nación: la confianza entre sus ciudadanos. Esa derrota no aparece en las estadísticas ni en los informes de gobierno, pero es la más difícil de reparar.
La división la viven y la saben todos. Es inocultable, pero nadie dice nada para remediarla ni para castigar al culpable. Dividir y sembrar el odio es un crimen de lesa humanidad y también de lesa patria; sin embargo, no está tipificado ni siquiera como conducta sancionable, porque nunca a nadie se le habría ocurrido que pudiera existir un ser humano tan ruin y perverso capaz de medrar y beneficiarse dividiendo a su propio pueblo y alentando el odio. Sí hay castigo para quien haga apología del delito y también para quien convoque a la insurrección; pero para un daño mayor, como la división, la confrontación y el fomento del odio, para ello, jurídicamente, todavía no hay nada que lo sancione.
Ahí tenemos, impunemente, a quien más daño le ha hecho al tejido social. Paradójicamente, quien hizo de las “camionetas machuchonas” un símbolo del privilegio terminó disfrutando cínicamente de los mismos recursos públicos que durante años utilizó como bandera de condena. Hoy recorre el país en las mismas camionetas — las “machuchonas”, como las llamaba—, en aeronaves y con recursos públicos pagados por los ciudadanos, sin que nadie le diga nada ni le reclame.
¡Qué poca conciencia tienen los mexicanos, que no les ha importado perder amistades, vecinos, familiares, compañeros de trabajo y relaciones de toda una vida por el odio insuflado por un ignorante! Sus actos recuerdan la estupidez, entendida no como falta de inteligencia, sino en el sentido desarrollado por Carlo Maria Cipolla y por Dietrich Bonhoeffer: una fuerza especialmente peligrosa cuando se combina con el poder político, porque deja de perjudicar únicamente a quien la ejerce y termina dañando a toda la sociedad y a toda una nación, a un país. Así ocurrió en México con un personaje estúpidamente corrupto y malévolo.
Quien necesitó dividir a su pueblo para conservar el poder termina demostrando que nunca supo gobernarlo.
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