NEMESIS
Fernando Meraz Mejorado
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró “Irregularidades y presunta corrupción” en las compras de armamento bélico realizadas por la Secretaria de la Defensa, en el pasado y actual gobierno; luego de analizar la documentación que también encontró contratos apócrifos por más de mil 300 millones de pesos con proveedores como la empresa Alfaxa, vinculada con funcionarios militares; la información llegó incluso al titular de la Sedena, pero esta guardó silencio y no informa sobre acciones públicas.
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Las auditorías realizadas por el Congreso reportó “Contradicción con acciones legales y señaló que la Sedena solicitó cotizaciones para comprar rifles Barrett M107A1 a Barrett Firearms —una de las empresas que el gobierno de México demandó por negligencia en controles de venta y vínculos con tráfico ilícito— por más de 105 millones de pesos.
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La Auditoría Superior de la Federación incluyó en sus revisiones anuales el rubro de adquisiciones de la defensa, con énfasis en los contratos señalados en la filtración de Guacamaya Leaks – que el primer órgano civil en hakear el sistema de seguridad cibernética. Se detectaron debilidades en procedimientos, pero sin conclusiones definitivas públicas de responsabilidad directa.
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Las revelaciones generaron mayor presión política y revisiones formales, pero no hubo cambios profundos en la transparencia de las adquisiciones ni en la rendición de cuentas por los casos señalados. Gran parte de la información sigue reservada y las investigaciones penales no han arrojado sentencias públicas relacionadas directamente con lo expuesto en la filtración de Guacamaya Leaks.
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También se detectaron “fugas desde instalaciones militares” e informes de inteligencia de 2019 confirman que elementos del Ejército vendieron granadas, armas cortas y municiones directamente a células del narcotráfico desde el Campo Militar Número Uno y otras bases, con conocimiento institucional pero sin control efectivo .
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Otras conclusiones de las auditorías y señalaron “Debilidad en custodia de los archivos militares y agregaron que, aun con compras importantes, no existían mecanismos rigurosos para evitar su desvío al crimen organizado.
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Estas revelaciones generaron mayor presión política y revisiones formales, pero no hubo cambios profundos en la transparencia de las adquisiciones ni en la rendición de cuentas por los casos señalados.
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La Sedena anunció revisión interna de arsenales y refuerzo de controles de registro, además de cambios en sistemas informáticos, pero mantuvo la postura de que “la información de compras militares es materia de seguridad nacional”, por lo que sigue limitada al escrutinio público.
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Gran parte de la información requerida sigue reservada y las investigaciones penales no han arrojado sentencias públicas relacionadas directamente con lo expuesto en la filtración.–oOo–
