José Luis Parra
México logró una hazaña jurídica digna de estudiarse en las facultades de Derecho. La marihuana es legal… pero no tanto. Está permitida… aunque a veces no. Puedes consumirla, pero cuidado con comprarla. Puedes tener un permiso, pero eso no garantiza que un policía piense igual que un juez.
En pocas palabras, el cannabis vive en una caja de Schrödinger: es legal e ilegal al mismo tiempo.
Hace cinco años la Suprema Corte abrió la puerta al declarar inconstitucional la prohibición absoluta del consumo recreativo. Parecía el inicio de una nueva política pública. El Congreso, como suele ocurrir cuando un tema exige valentía, decidió dejar pasar el tiempo. Y el tiempo, en política, suele convertirse en negocio para unos y en problema para otros.
Hoy existe un mercado que paga impuestos, renta locales, genera empleos y procura operar dentro de la ley… pero sin una ley que realmente lo proteja.Entrevistas a políticos
Una contradicción muy mexicana.
Mientras algunos emprendedores invierten para ofrecer productos regulados, otros consumidores siguen enfrentando detenciones, extorsiones o procesos penales dependiendo del criterio del policía en turno. No de la ley. Del criterio.
Y ahí comienza el verdadero problema.
Porque un Estado que deja zonas grises no elimina la corrupción; simplemente le cambia de domicilio.
Quien tiene dinero consigue permisos, abogados y amparos. Quien no los tiene continúa expuesto al viejo sistema: la mordida, la detención o el abuso de autoridad.
La igualdad jurídica termina donde empieza el nivel socioeconómico.
También resulta ingenuo pensar que la ausencia de regulación perjudica únicamente a empresarios y consumidores. El vacío legal deja espacio para que aparezcan los verdaderos beneficiarios de la incertidumbre: la corrupción y el crimen organizado.
Cuando el Estado renuncia a ordenar un mercado, alguien más termina administrándolo.
Y después nos preguntamos por qué florecen las economías paralelas.
Legalizar nunca ha significado promover el consumo. Regular tampoco equivale a incentivar. El alcohol y el tabaco tienen reglas, impuestos, verificaciones sanitarias y restricciones. Nadie supone que por existir esas normas el gobierno invite a beber o fumar.
Con el cannabis seguimos atrapados en una discusión moral cuando el verdadero debate debería ser administrativo.
¿Quién produce?
¿Quién vende?
¿Quién supervisa?
¿Quién cobra impuestos?
Y, sobre todo, ¿quién protege a los ciudadanos que decidieron ejercer un derecho reconocido por la propia Suprema Corte?
Quizá el mayor fracaso no sea la falta de legislación.
El verdadero fracaso consiste en haber creado un derecho que sólo funciona para quien puede pagarlo.
En México la marihuana dejó de ser completamente ilegal.
Lo que todavía no termina de legalizarse es la certeza jurídica.
Y esa, como muchas otras drogas políticas, sigue provocando alucinaciones.
