Por Alejandra Del Río
Hay una frase que el oficialismo repite con insistencia casi litúrgica: “Si tienen pruebas, preséntenlas.” La hemos escuchado como mantra presidencial cada vez que se cuestiona a un funcionario, cada vez que aparecen señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, cada vez que surge una denuncia por corrupción o por el uso discrecional de los recursos públicos.
Pero esa exigencia es profundamente contradictoria cuando es el propio Estado quien decide esconder la información que permitiría conocer la verdad. ¿Cómo puede una sociedad aportar pruebas cuando los expedientes se cierran bajo llave? ¿Cómo exigir investigaciones ciudadanas si los documentos oficiales permanecen reservados durante años? ¿Cómo combatir la corrupción cuando la transparencia deja de ser un derecho y se convierte en una concesión política?
La democracia no funciona sobre la fe. Funciona sobre documentos, datos, auditorías y acceso a la información, sin embargo, en los últimos años hemos visto crecer una preocupante tendencia: la ampliación de las facultades para clasificar información pública bajo argumentos de seguridad, interés público o protección de investigaciones. En los hechos, esto significa que asuntos de enorme relevancia política como el del narcopolítico exgobernador de Sinaloa, pueden permanecer fuera del escrutinio ciudadano, durante largos periodos, a Rocha Moya la Presidenta Sheinbaum cual hada madrina, le acaba de conceder 5 años de inpunidad.
Mientras la opinión pública busca respuestas sobre investigaciones relacionadas con personajes de alto perfil, o sobre el costo y la ejecución de grandes obras públicas, como los proyectos del segundo piso (que casualmente se hicieron cuando Andrés Manuel y Claudia gobernaban la Ciudad de México) y otras tantas obras de infraestructura financiadas con recursos públicos, el acceso a la información enfrenta cada vez más obstáculos.
No se trata de emitir sentencias anticipadas ni de declarar culpable a nadie. Se trata de algo mucho más elemental: que la ciudadanía pueda conocer cómo actúan sus instituciones y cómo se ejercen los recursos que pertenecen a todos, porque cuando la información desaparece, también desaparece la posibilidad de exigir responsabilidades.
Paradójicamente, el mismo gobierno que reclama evidencias fortalece mecanismos que dificultan conocer esas evidencias, es la lógica perversa que instauró López Obrador en el imaginario Morenista, primero se restringe el acceso a la información, después se desacredita cualquier cuestionamiento por carecer de documentos oficiales y finalmente, se concluye que “no existe prueba alguna”. Es el círculo perfecto del engaño y la opacidad.
La transparencia nació precisamente para evitar que el poder investigara al poder en absoluta secrecía. El derecho de acceso a la información pública fue concebido como uno de los grandes contrapesos democráticos, no como un trámite administrativo susceptible de bloquearse cuando resulta políticamente incómodo o incluso peligroso para las propias estructuras del gobierno.
En cualquier democracia sólida, la confianza institucional se construye abriendo archivos, no cerrándolos, la reserva de información debe ser una excepción extraordinaria, plenamente justificada y temporal. Nunca una herramienta para proteger gobiernos, funcionarios o decisiones políticas del escrutinio ciudadano.
Porque el verdadero problema no es únicamente que existan documentos clasificados,el problema es la percepción creciente de que la reserva se utiliza para administrar políticamente los tiempos de la verdad, ya que cuando un expediente permanece oculto durante años, el daño político ya pasó, los responsables quizá ya dejaron el cargo, las elecciones quedaron atrás y la indignación social se diluyó. La justicia diferida termina pareciéndose demasiado a la impunidad.
Quien gobierna con honestidad debería ser el primer interesado en abrir completamente la información. La transparencia fortalece la legitimidad; la oscuridad alimenta la sospecha.
México no necesita más discursos sobre combate a la corrupción, necesita gobiernos que entiendan que esconder expedientes nunca será una prueba de inocencia.
Porque en democracia, la credibilidad no se exige, se gana y se gana permitiendo que la verdad pueda ser vista por todos, generando algo que perdimos ya indudablemente la gran mayoría de los mexicanos –La Confianza en nuestro gobierno y en nuestras instituciones–
