Por Alejandra del Río
La democracia tiene una regla elemental: quien gana gobierna y quien pierde impugna únicamente cuando existen pruebas suficientes para demostrar que la voluntad popular fue vulnerada. Lo contrario convierte al sistema electoral en un instrumento de conveniencia política.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Coahuila, tras sufrir una derrota histórica en la elección para renovar el Congreso local, donde la alianza PRI-UDC obtuvo una ventaja superior a los 30 puntos porcentuales y ganó los 16 distritos de mayoría (léase todos), Morena decidió solicitar la nulidad total de la elección, alegando diversas irregularidades que tendrán que ser analizadas por las autoridades electorales, la contundencia de la ventaja Priísta en la elección, hizo que al Instituto electoral del estado no le quedara mas remedio que confirmar el triunfo del PRI, pero eso no le vino bien a la Presidenta Sheinbaum, ni a la nueva dirigente de su partido Ariadna Montiel.
Si bien es completamente legítimo que cualquier partido recurra a las vías legales previstas en caso de Impugnación, se convierte en un hecho muy preocupante, que éste, deje de ser un mecanismo de defensa del voto para convertirse en una estrategia política destinada a desconocer cualquier resultado adverso.
Porque la pregunta es inevitable; ¿Aceptaría Morena una impugnación a una elección donde hubiera ganado por más de 30 puntos?
La respuesta parece evidente, durante años Morena ha construido un discurso donde toda derrota se explica mediante supuestos fraudes, conspiraciones o “elecciones de Estado”. Nunca por errores propios, malas candidaturas o gobiernos locales incapaces de convencer a los ciudadanos.
Sin embargo, diversos análisis posteriores a la elección coinciden en que el resultado de Coahuila responde, entre otros factores, a la fortaleza territorial del PRI, a la alta aprobación del gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez y a las deficiencias organizativas de Morena en la entidad, yo sumaría además de estos factores obvios, un voto de castigo que al fin México esta dispuesto a ejercer después de vivir la violencia, la mentira y el desorden institucional del gobierno Morenista.
Eso no significa que cualquier denuncia deba desecharse de antemano. Si existen pruebas de irregularidades, corresponde a los tribunales revisarlas con absoluta imparcialidad. Pero también es cierto que una diferencia cercana a 30 puntos hace extremadamente difícil sostener que las presuntas anomalías pudieran alterar el sentido general de la votación.
Un comunicado emitido hace un par de días por el PRI y firmado por su líder Alejandro Moreno, parte precisamente de esa premisa: defender que la voluntad expresada en las urnas debe respetarse mientras no exista una resolución judicial que demuestre lo contrario.
En ese punto resulta difícil no coincidir, porque la democracia no puede convertirse en un juego donde sólo se reconocen las instituciones cuando producen resultados favorables, que es basicamente una premisa del adoctrinamiento Obradorista, si gano el Instituto electoral hizo una buena labor, si pierdo, el mismo Instituto que me dió la victoria en algún momento, no sirve para nada y todo es parte de una conspiración contra “el pueblo bueno y sabio”, así las autoridades electorales mexicanas han sido calificadas de “democráticas” por Morena cuando le entregan triunfos históricos; pero cuando esos mismos organismos certifican una derrota, inmediatamente pasan a ser acusados de corrupción, complicidad o sometimiento, se trata aquí, de la típica doble moral Morenista que erosiona la confianza ciudadana y polariza al país.
Coahuila representa además algo más profundo, es uno de los estados donde el PRI ha logrado conservar una estructura política competitiva frente al avance nacional de Morena y la aplanadora electoral resultado de los apoyos condicionados del gobierno federal. Su victoria demuestra que aún existen regiones donde los ciudadanos evalúan gobiernos locales por resultados concretos —seguridad, estabilidad económica y administración pública antes que por narrativas nacionales y apoyos ó dádivas gubernamentales.
Hoy no se trata únicamente de defender un triunfo priísta, se trata de defender el principio democrático según el cual los votos cuentan exactamente igual cuando favorecen a la oposición que cuando benefician al partido en el poder.
Si Morena considera que hubo irregularidades, que presente todas las pruebas y permita que los tribunales decidan conforme a derecho, pero también que acepte su dictamen sin descalificaciones, por que el mandato ciudadano merece respeto y desconocer una derrota contundente no fortalece en nada la democracia.
Si algo necesitamos rumbo a las elecciones del 2027 no son partidos que sólo crean en las elecciones cuando ganan, sino fuerzas políticas maduras, capaces de aceptar, con la misma convicción, tanto la victoria como la derrota. Sólo así la democracia dejará de ser un discurso en peligro de extinción y volverá a ser una auténtica convicción, lamentablemente en el México actual de la demagogia y la mentira institucional, donde se da mas importancia a comunicar un mensaje que a gobernar, el peso de la democracia es “Pluma” y el de la voluntad del gobierno se ha convertido en un “Peso completo”
La impugnación de Morena sigue su curso, por que son incapaces de conceder aún con un resultado incomodamente definitorio, habrá que ver hasta donde son capaces de llegar para quitarle a los Coahuilenses el Congreso por el que libremente decidieron votar y esto es apenas una probadita de lo que le espera a la oposición en la próxima elección, donde se ve cada vez mas claro que la única ley que se respetará es la de Herodes…
