El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, puso en vigor nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% a importaciones provenientes de 60 países y economías, bajo el argumento de que existen “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”.
La medida entró en vigor en la madrugada de este viernes, coincidiendo con la expiración de los aranceles temporales globales del 10%. Con ello, la Casa Blanca retoma su estrategia de imponer gravámenes de alcance casi global, luego de que la Corte Suprema invalidara en febrero aranceles más amplios que iban del 10% al 50%.
En el caso de México, la Secretaría de Economía informó que el país evitó el impacto generalizado de los nuevos aranceles, ya que cerca del 85% de sus exportaciones continuará libre de impuestos al cumplir con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La dependencia precisó que los productos que no cumplen con el T-MEC seguirán pagando un arancel del 10%, sin cambios respecto al esquema anterior. “Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, indicó, al subrayar que esto preserva la ventaja competitiva de México frente a otras economías.
En contraste, Brasil reaccionó con críticas a la decisión estadounidense y acusó a Washington de utilizar el argumento del trabajo forzoso como justificación para una política comercial proteccionista. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que, ante la falta de base legal interna, Estados Unidos optó por “manipular un tema tan importante”.
Además, el país sudamericano enfrenta un segundo impacto arancelario en días recientes, tras la entrada en vigor de un gravamen adicional del 25%, lo que podría elevar la carga total sobre sus exportaciones hasta 37.5%, según estimaciones de la Cámara Americana de Comercio para Brasil.
Por su parte, Chile anunció que buscará negociar con Estados Unidos su exclusión de la lista, al considerar que la medida no corresponde con sus estándares laborales ni con los antecedentes presentados durante la investigación.
La Cancillería chilena afirmó que el país cuenta con “una sólida institucionalidad laboral”, mientras que representantes del sector agrícola advirtieron sobre efectos en la competitividad y la incertidumbre para productores.
