Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“Todos los hombres pueden caer en un error; pero sólo los necios perseveran en él”. – Marco Tulio Cicerón.
En política, las coincidencias reiteradas dejan de ser casualidades. Cuando un actor asume, una y otra vez, la defensa de una misma causa, de un mismo grupo o de los mismos personajes, resulta inevitable preguntarse si se trata de una convicción jurídica o de una definición política.
Las más recientes declaraciones del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara sobre los procesos de desafuero que enfrentan los alcaldes de Movimiento Ciudadano de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván vuelven a colocarlo exactamente en esa disyuntiva.
Su llamado al respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y a que las autoridades presenten pruebas antes de emitir un juicio, en estricto sentido jurídico, resulta irrebatible. En un Estado de Derecho nadie puede ser considerado culpable antes de que una autoridad jurisdiccional así lo determine. Ese principio constituye uno de los pilares del sistema penal acusatorio mexicano y debe aplicarse sin excepción.
El problema no radica en el fondo de ese argumento.
El problema aparece cuando el discurso parece adquirir un claro destinatario político.
Porque mientras la Fiscalía General del Estado sostiene investigaciones que derivaron en solicitudes formales de declaración de procedencia contra ambos alcaldes —uno relacionado con el homicidio de una periodista y otro por la presunta desaparición de un empresario y de uno de sus escoltas—, el senador morenista decidió centrar su mensaje en advertir contra posibles excesos de la autoridad y exigir pruebas suficientes antes de cualquier resolución.
Nadie discute que las pruebas deberán sostenerse ante un juez.
Para eso precisamente existe el proceso penal.
Pero tampoco puede perderse de vista que el desafuero no constituye una sentencia condenatoria.
Es únicamente el mecanismo constitucional que permite retirar una inmunidad procesal para que una investigación pueda desarrollarse sin el obstáculo del fuero.
Eso mismo ha sido explicado por el propio Congreso de Veracruz, cuyos integrantes han reiterado que serán los jueces quienes determinen la responsabilidad penal y no el Poder Legislativo.
Entonces surge la pregunta inevitable.
¿Por qué Manuel Huerta aparece nuevamente como uno de los principales defensores políticos de personajes emanados de Movimiento Ciudadano?
No es la primera ocasión.
Desde hace varios años el senador ha construido una narrativa de confrontación permanente contra el gobierno encabezado por Rocío Nahle García, pese a militar en Morena, partido que hoy gobierna Veracruz.
Sus posicionamientos frecuentemente terminan coincidiendo con los argumentos esgrimidos por la oposición, particularmente con Movimiento Ciudadano.
La declaración difundida por la periodista Noemí Valdez en Notiver parece inscribirse precisamente dentro de esa lógica: la de un senador de Morena que, en los hechos, termina ofreciendo mayor respaldo discursivo a alcaldes emecistas que al propio gobierno emanado de su partido.
Esa contradicción política no puede ignorarse.
Porque una cosa es defender principios constitucionales.
Y otra muy distinta convertir esos principios en una bandera selectiva.
Más aún cuando existen investigaciones ministeriales que, de acuerdo con la información pública disponible, habrían reunido elementos suficientes para solicitar al Congreso el inicio del procedimiento de desafuero. Será precisamente durante el proceso judicial donde dichas pruebas deberán ser debatidas, confrontadas y, en su caso, desvirtuadas por las defensas correspondientes.
Nadie debería ser condenado antes de tiempo.
Pero tampoco nadie puede pretender que la sola invocación del debido proceso equivalga a una absolución anticipada.
Quizá el aspecto más llamativo no sea jurídico sino político.
Manuel Huerta parece haber encontrado, desde hace tiempo, mayor comodidad discursiva junto a Movimiento Ciudadano que dentro del propio Morena.
La cercanía argumentativa con ese partido alimenta inevitablemente las versiones sobre una eventual afinidad política con el proyecto encabezado históricamente por Dante Delgado Rannauro.
Sin embargo, las aspiraciones personales rara vez sustituyen al capital político real.
Pensar hoy en una eventual candidatura al Gobierno de Veracruz luce, por decir lo menos, distante de las condiciones objetivas del escenario político.
Su llegada al Senado respondió a circunstancias específicas dentro de la dinámica interna de Morena.
Convertir esa coyuntura en plataforma para aspiraciones mayores parece ignorar la realidad electoral del estado y el peso específico de los distintos liderazgos que hoy existen al interior del movimiento gobernante.
Mientras tanto, Veracruz observa.
Y observa cómo uno de los senadores emanados de Morena dedica buena parte de su tiempo político a cuestionar al gobierno de su propio partido y, al mismo tiempo, a salir en defensa de actores identificados con Movimiento Ciudadano.
En política, las lealtades no siempre se declaran.
Muchas veces se revelan en los momentos decisivos.
Y los procesos de desafuero que hoy enfrenta Movimiento Ciudadano parecen haberse convertido, una vez más, en el escenario donde Manuel Huerta Ladrón de Guevara decidió mostrar de qué lado prefiere colocarse.
Al tiempo.
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