- Desde hace años construyeron la empresa criminal ¿Desde Palacio?
Miguel A. Rocha Valencia
La colusión institucional que fue del conocimiento del jefe del Ejecutivo desde 2020 dio lugar a la trama del robo de crudos a Pemex, su refinación en el extranjero e importación clandestina de combustibles, así como procesamiento de crudo ilegal en fábricas locales que a estas alturas deben sumar más de los tres billones de pesos.
Esa empresa criminal de la cual se tiene conocimiento en palacio Nacional desde hace años puede ser la clave para el endeudamiento, transferencias institucionales, “perdón” de aportaciones de la paraestatal que a estas alturas según reconoce el propio Pemex, sumarían al menos tres billones de pesos.
A raíz de la captura, acusación y encarcelamiento de Ernesto Ruffo Appel en el reclusorio de alta seguridad del Altiplano, donde la 4T rumia sus venganzas, se actualizaron los datos de esa multimillonaria trama que, si no era del conocimiento del entonces presidente, se la hizo saber el, en ese tiempo gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca el 8 de julio del 2020.
La entrega del documento en manos presidenciales ocurrió en Ciudad Victoria y de él se dio copia a la exministra Olga Sánchez Cordero en su calidad de secretaria de Gobernación casi simultáneamente se entregó otro facsímil en la oficialía de partes de la Presidencia.
Desde entonces se desató la persecución del oficialismo contra el gobernador Tamaulipeco quien no sólo le entregó al jefe del Ejecutivo en mano propia los 18 nombres de los delincuentes huachicoleros contra quienes ya se habían liberado órdenes de aprehensión, sino también parte de la trama en la cual estaban ya inmersos personajes distinguidos de la 4T, incluyendo al presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo.
También desde entonces el negocio criminal cambió de manos y su administración quedó en manos del gobierno federal que entregó la aduana de Tamaulipas a Julio César Carmona Angulo quien se convirtió en testigo protegido en Estados Unidos al ver que su hermano Sergio el Rey del Huachicol fue asesinado en noviembre de ese mismo año, 2020.
La trama se afirma ya había acumulado cerca de 600 mil millones de pesos sólo por concepto de IEPS evadidos, no se contabilizaba aun el IVA, empero los números se quedan cortos frente a la afirmación de que desde aquella fecha se “perdieron” más de 120 mil barriles de crudo diarios extraídos por Pemex quien “oficialmente” reconoce una pérdida sólo al primer semestre de este año por 28 mil millones de pesos. El costo diario por concepto de huachicol se calcula en ese periodo en 101 millones de pesos.
Durante casi cuatro años la empresa criminal creció y se fortaleció y como en toda empresa criminal, todos son cómplices, no se admiten “sapos” y deserciones y por eso fue asesinado el Rey del Huachicol que financió con dinero sucio siete campañas a gobernador y muchas municipales y de diputados, el multicitado Sergio Carmona.
En ese esquema fue ejecutado el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció una red de huachicol fiscal en aduanas ante el entonces secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán tío de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna Vicealmirante y contraalmirante a quienes se señaló como los principales actores de la empresa criminal donde está el señor de los Buques Roberto Blanco Cantú (tamaulipeco) en uno de cuyos barcos se hallaron 40 millones de litros de combustibles ilegales.
Al asesinato al estilo de la mafia del contraalmirante Guerrero Alcántar en Manzanillo, Colima, el 8 de noviembre del 2024 cuando estaba de vacaciones que le otorgó el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles ante quien también denunció la organización criminal y le entregó expedientes con la investigación que incluye a funcionarios aduanales, le siguió el asesinato de al menos dos capitanes de marina y un fiscal de la FGR.
Guerrero Alcántar solicitó en febrero del 24 audiencia con Ojeda Durán; en marzo entregó expedientes al detalle sobre el contrabando de combustible; en junio presentó carta formal ante el Órgano Interno de Control detallando los nombres de los implicados. Para agosto entregó el registro de bitácoras de barcos que descargaban combustible de procedencia ilícita sin pagar impuestos. Sabía demasiado.
Con base a ello se sabe que el vicealmirante Manuel Roberto Farías coordinaba los cambios estratégicos de personal en las aduanas para colocar elementos alineados a la red y su hermano Fernando, se encargaba de la logística operativa y de los acuerdos comerciales e institucionales para permitir el libre tránsito del combustible de contrabando.
Se mencionó al contraalmirante Marco Antonoo Bandala López, operador logístico de alto rango quien fue señalado directamente por Guerrero Alcántar por coordinar y facilitar el paso de buques con hidrocarburos ilegales en recintos aduaneros críticos como los de Veracruz y Manzanillo.
En los audios que se conocen, el almirante Manuel Fernández es mencionado como uno de los mandos superiores que otorgaba la “anuencia” institucional para agilizar los movimientos de personal conveniente en los puertos, mientras el capitán de corbeta Miguel Angel Solano fue señalado como un operador financiero externo. Presuntamente se encargaba de la recolección, manejo y distribución de los sobornos millonarios hacia los involucrados dentro de la Marina.
A su vez el capitán “Clímaco” fungía como operador de confianza de los hermanos Farías Laguna. Su función consistía en perfilar y proponer de forma acelerada a los nuevos titulares de aduanas marítimas, asegurándose de que estos no se reunieran de manera independiente con agentes aduanales o navieros ajenos a la red.
En la red son o fueron investigados los capitanes Juan Carlos Sario Pichal, exsubdirector de Operación Aduanal en Guaymas, Sonora. Investigado por firmar y autorizar directamente la entrada de al menos dos buques cargados con combustible ilícito; el capitán Gastón Ramos Delgado quien fungió como jefe de sección en la aduana de Tampico, señalado por intentar cooptar a otros elementos ofreciéndoles dobles sueldos ilícitos. Así como Víctor Hugo Perry Pérez, vinculado formalmente con la autorización del paso de buques de contrabando en la aduana marítima de Ensenada, Baja California.
Pero todo esto es sólo un rollo de la Derecha contra la 4T quien ya ubicó como el único y gran capo de toda esta red criminal a Ernesto Ruffo Appel por ser dueño de la tercera parte de una empresa importadora que no compra, no transporta ni es del Morena.
