La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
El arresto se realizó en el Estado de México, luego de nuevas investigaciones que, de acuerdo con la institución ministerial, permitieron acreditar la posible participación del exmandatario en el ocultamiento de evidencias sobre el paradero de los normalistas.
La FGR informó que solicitó, obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión contra Aguirre Rivero. Con ello, se convirtió en el segundo exfuncionario de más alto rango detenido por el caso, después del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
En un mensaje posterior, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que el nuevo modelo de investigación permitió reanalizar a profundidad las actuaciones y abrir nuevas líneas en las que fue vinculado el exgobernador.
Godoy Ramos señaló que el análisis reunió elementos para acreditar, con apego al debido proceso, la posible participación de Ángel N, exgobernador de Guerrero, en la destrucción de evidencias destinadas a conocer el paradero de los estudiantes.
Entre los elementos mencionados por la Fiscalía están grabaciones de cámaras de videovigilancia ubicadas afuera del Palacio de Justicia del Estado, en Iguala. Las imágenes registraron el autobús en el que viajaban los estudiantes y el momento en que fue detenido por policías municipales y estatales.
Las primeras versiones sostenían que esas grabaciones no existían. Sin embargo, diligencias posteriores establecieron que la detención sí había sido documentada.
En enero de 2026, una persona colaboradora declaró que conocía la existencia del material y señaló a quien presuntamente lo sustrajo para entregarlo directamente a Aguirre Rivero.
La titular de la FGR añadió que, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido declaró que el exgobernador ordenó, durante una reunión con mandos de primer nivel de su administración, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia de Iguala.
La Fiscalía sostuvo que el ocultamiento de las grabaciones habría sido una operación deliberada y estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
Godoy Ramos expresó solidaridad con las familias de los estudiantes y refrendó el compromiso de llevar ante la justicia a quienes participaron en la desaparición.
