Sospechoso silencio ante el desalojo de Canal 11

Eduardo Sadot

El conflicto de Canal Once escaló y a alguien se le hizo fácil decir que no hubo violencia, que hubo una “entrega pacífica”. Pero la denuncia formal por la supuesta destrucción de videos por estudiantes parece más un burdo intento de acorralarlos que una explicación convincente de lo ocurrido. Algo que ni en tiempos de Salinas se permitió y que no puede permitir la doctora Sheinbaum que marque su gobierno.

Se dice que el director del Poli cuenta con el apoyo de la familia López Beltrán y que por ello la doctora guarda silencio. ¿Será cierto?
Claudia Sheinbaum conoce los movimientos estudiantiles. Conoció el conflicto del CEU de la UNAM y sabe lo que significa enfrentar al poder desde la condición de estudiante. Por eso sorprende lo ocurrido ahora en el IPN.

El director general del Instituto, Arturo Reyes Sandoval, actuó a espaldas de la Presidenta de la República y del secretario de Educación Pública al enfrentar el conflicto estudiantil mediante una salida que terminó con la recuperación de Canal Once, en medio de versiones encontradas sobre el uso de la fuerza.

Canal Once asegura que fue una “entrega pacífica”. Los estudiantes sostienen que fueron expulsados y denuncian violencia. ¿Quién dice la verdad? Que hablen los videos, los testimonios y los peritajes.

Lo que no puede aceptarse es que un funcionario público tome decisiones de esta naturaleza sin que exista responsabilidad política sobre sus consecuencias.

Y aquí aparece Paulo Freire: “Cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es volverse opresor”.

La frase obliga a una reflexión incómoda: ¿qué ocurre cuando quien alguna vez estuvo del lado de los estudiantes llega al poder y permite que otros estudiantes sean tratados desde la lógica del poder?

No se trata de justificar la ocupación de Canal Once ni los daños que pudieran haberse producido. Si hubo destrucción del patrimonio público, los responsables deben responder ante la ley.

Pero tampoco una protesta estudiantil convierte automáticamente al estudiante en enemigo del Estado.

El verdadero problema es que un conflicto universitario terminó convertido en un conflicto de poder, mientras el director del IPN habría decidido actuar sin informar o sin contar con el respaldo de quienes encabezan la política educativa.

Por eso la pregunta no es solamente si hubo violencia.

La pregunta es quién decidió que el diálogo había terminado y quién autorizó esa decisión.

Si Reyes Sandoval actuó a espaldas de la Presidenta y del secretario de Educación, ambos tienen derecho a exigirle cuentas. Y si conocieron y permitieron la operación, entonces la responsabilidad política cambia de dimensión.

Canal Once dice “entrega pacífica”. Los estudiantes dicen violencia. El director del IPN debe explicar. Y el Gobierno debe decir si sabía o no sabía.

Porque en democracia también los gobernantes responden por lo que hacen y por lo que hacen sus funcionarios.

Y hay algo todavía más preocupante: cuando regresen a clases, ¿qué ocurrirá si los estudiantes del Poli y de otras universidades cuestionan la versión oficial de la “entrega pacífica”? El conflicto podría escalar.

Y sería todavía más grave que escalara bajo un gobierno encabezado por quien alguna vez fue estudiante del CEU.

La incongruencia sería terrible. Y entonces la frase de Freire cobraría una vigencia inquietante: ¿el oprimido terminó convirtiéndose en opresor?

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