Por Fred Alvarez Palafox..
México carga con heridas que el tiempo no logra cerrar, y las recientes revelaciones periodísticas han vuelto a tocar el nervio más expuesto de nuestra historia reciente: Ayotzinapa.
Lo que documentan Daniela Wachauf y Abel Barajas es un viaje a las entrañas del poder en el Guerrero del otoño de 2014. Nos muestran a un Ángel Aguirre despojado de la investidura institucional, revelándose como el amo y señor de la plaza. Según esta indagatoria, la ley y el crimen organizado caminaban de la mano bajo su sombra, respondiendo a una sola voz. Nadie cuestionaba una orden; el silencio y la obediencia se imponían a través de la herramienta más antigua y cruel de todas: el terror.
En esta crónica de la impunidad hay un punto de quiebre que hiela la sangre. Todo se reduce a un simple sobre de papel amarillo. Adentro, un disco con las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Blanca Estrada, entonces visitadora del tribunal, narra que en esas imágenes latía la verdad pura y dura: los normalistas sometidos, con las manos en la nuca, obligados a cambiar de autobús mientras gente armada custodiaba la maniobra.
Esa mujer, acorralada por el miedo —y aquí se responde la lógica pregunta de por qué no acudió directamente al Ministerio Público—, le habría llevado el sobre a la máxima autoridad del estado: el gobernador Aguirre. Él la mira y le suelta una pregunta clave: “¿Pero tú ya lo viste?”. Cuando ella le contesta que no, la respuesta del mandatario sella el destino del caso: “No te preocupes, me encargo de eso”.
Y vaya que se encargó. El expediente oficial, que hoy pone a Aguirre en el centro de la tormenta, detalla cómo dio la orden directa a su círculo más íntimo —su sobrino Ernesto; el procurador Iñaki Blanco; el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; y la presidenta del Tribunal, Lambertina Galeana— de hacer pedazos los equipos informáticos. El objetivo era destruir cada rastro, cada video que demostrara su nexo con el grupo criminal Guerreros Unidos y las instrucciones dadas esa trágica noche.
No obstante, la experiencia en el análisis de nuestro sistema de justicia nos obliga a la cautela. La investigación no se sostiene, hasta el momento, en nuevos hallazgos periciales o documentales, sino en la fuerza de los testimonios. Las declaraciones vertebrales provienen, precisamente, de exfuncionarias como Blanca Estrada y Lambertina Galeana, quienes actualmente negocian criterios de oportunidad con la justicia federal. Es decir: como ocurre a menudo en la política judicial, estas palabras tendrán que ser respaldadas por evidencias sólidas; de lo contrario, correrán el riesgo de desmoronarse en los tribunales.
Los expedientes filtrados, sin embargo, no son papel muerto; son la presunta confirmación de algo terrible. No solo desaparecieron a 43 estudiantes; el propio aparato del Estado operó en las sombras para asesinar también la verdad. Creyeron que rompiendo las cámaras se borraba la historia. Se equivocaron.
El caso Ayotzinapa no soporta una simulación más. La búsqueda de la justicia exige que estas nuevas órdenes de aprehensión se procesen con un rigor jurídico impecable, lejos de las narrativas de revancha política y estrictamente apegadas al esclarecimiento de los hechos, que es lo que las familias llevan exigiendo por más de una década.
Al final, entre expedientes filtrados, testimonios negociados y videos destruidos, la única pregunta que sigue retumbando, implacable, es la misma de siempre: ¿Y dónde están los muchachos?
(Con información de Reforma y El Universal)
